Preocupación en la Asamblea de la SIP por las últimas leyes de medios
De izquierda a derecha, los periodistas Carlos Jornet, María O’Donnell, Marcos Aguinis, Julio Blanck y Alejandro Aguirre, ayer en Buenos Aires.- EFE
Las crecientes dificultades que encuentran las empresas de comunicación en numerosos países de América Latina marcan este año la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla en Buenos Aires. Buena parte de las 500 empresas periodísticas representadas en la reunión expresaron su preocupación por el acoso económico que implican algunas de las nuevas leyes de medios aprobadas en el continente, con efectos restrictivos sobre la libertad de expresión. “Este ha sido un semestre muy complejo para la libertad de prensa en America latina”, señaló Robert Rivard, del San Antonio Express-News, de Tejas (Estados Unidos), presidente de la comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
Como casi para confirmar esos temores, la Asamblea de la SIP ha coincidido con tres días en los que piquetes del sindicato argentino de camioneros han intentado evitar la salida y distribución de dos de los principales diarios del país, Clarín y La Nación. El sindicato reclama la sindicación obligatoria de los camioneros que reparten los diarios, pero el acoso ha coincidido con el creciente enfrentamiento del Gobierno de los Kirchner con los medios de comunicación. El sindicato de los camioneros, dirigido por Pablo Moyano, ha expresado reiteradamente su apoyo al actual Gobierno.
La asamblea de la SIP hará públicas sus conclusiones el próximo martes, pero de las intervenciones registradas en los dos primeros días de debate ya ha quedado claro que los responsables de las empresas periodísticas latinoamericanas denuncian un renovado intento de regular muy restrictivamente a los medios de comunicación. El caso de Venezuela ha sido el más analizado y citado, pero también los de Ecuador, Bolivia y Argentina y, por supuesto, Cuba, donde sigue sin poderse editar prensa libre.
Las principales denuncias giran en torno a la pretensión de los Gobiernos de países como Ecuador, Bolivia o Nicaragua de crear redes de medios al servicio de sus proyectos gubernamentales, y también sobre la creciente angustia de los periodistas de esos y otros países en situación similar, porque se sienten obligados a trabajar con una fuerte autocensura. “Hay un número creciente de periodistas obligados a dejar sus trabajos, expulsados y perseguidos”, aseguró Rivard.
El aumento de dificultades empresariales provocadas por los Gobiernos y el retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa se ha producido en un tiempo relativamente pequeño, después de una etapa prometedora en la que prácticamente todos los gobiernos de América Latina parecía ya convencidos de la importancia de alentar la libertad de expresión como elemento básico de los nuevos regímenes democráticos. Las quejas sobre las dificultades de los Estados para hacer pasar sus mensajes e informaciones, muy extendidas entre los gobernantes de América Latina, se han convertido progresivamente no en un intento de fortalecer el ejercicio profesional del periodismo, sino en la voluntad de controlar el mayor número posible de empresas periodísticas, tanto mediante la discriminación publicitaria como a través de leyes reguladoras que amplían los poderes gubernamentales. “Es una situación muy deprimente”, resumió el presidente saliente de la SIP, el colombiano Enrique Santos.
