La cuenta del candidato

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El papel del fiscal

“El caso está cerrado”. Esas fueron las declaraciones del Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, en relación con la revelación hecha por su oficina sobre millonarios movimientos bancarios del entonces candidato presidencial Mauricio Funes, acontecimiento que salió a la luz pública justo pocos días antes de la elección.

La forma categórica en que el Fiscal terminó desechando cualquier irregularidad coincidió con el día en que le fue entregada la credencial presidencial a Funes, luego de que este resultara ganador en las elecciones del 15 de marzo de 2009.

El Salvador es un país donde nunca, sino hasta estas elecciones, se había conocido información precisa sobre el financiamiento de las campañas electorales. La regla había sido el secreto absoluto, amparado en la falta de leyes que exijan a los partidos, y a sus candidatos también, llevar una contabilidad y publicar estados, menos aún someter sus finanzas a escrutinio público.

Por eso la revelación sobre los movimientos bancarios de Funes podría parecer un hecho positivo, y en el fondo lo es. Sin embargo hay elementos suficientes para sostener que el Fiscal violentó el debido proceso, habiéndose préstado a una indebida campaña proselitista para desacreditar al candidato del FMLN.

No es casualidad tampoco que las indagaciones contra Funes quedan cerradas como una forma de disculpa. Garrid Safie está buscando su reelección para mantenerse tres años más en el cargo, para lo que requiere los votos del partido contra el que durante la campaña se abalanzó.

Además de hacer campaña para desfavorecer a Funes, el Fiscal levantó otras acusaciones, como una de lavado de dinero en la empresa mixta Albepretóleos, que es manejada por alcaldes del FMLN, o la existencia de grupos armados ilegales bajo el amparo de ese partido. Ninguno de estos casos fueron comprobados. Es obvio que Garrid Safie se equivocó en sus calculós electorales.

La cuenta

Solo unos días antes de la elección presidencial, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía anunció que de un banco había recibido un reporte de operaciones sospechosas con relación a los movimientos de una cuenta a nombre de Funes. En ella habían sido depósitados 2.2 millones de dólares sobre los que, permitiéndo que se filtrara la información, la Fiscalía dejo que la especulación periodística y partidaria armaran una explicación.

Un tema recurrente de campaña fue que el FMLN y su candidato presidencial estaban recibiéndo financiamiento secreto de Venezuela. Hasta el mismo presidente actual, Elías Antonio Saca, hizó eco de tal señalamiento, el cual hasta ahora parece carecer de sustento. Así que la revelación de los 2.2 millones de dólares en la cuenta de Funes cayeron, para algunos, como anillo al dedo. Esa parecía ser la prueba reina para demostrar las acusaciones sobre financiamiento indebido.

Fue hasta después de ser público el hecho que los periodistas buscaron a Funes para que este diera una explicación sobre el origen de los fondos. Sin reparo el candidato presidencial reveló que se trataba de un préstamo que el empresario Nicolás Salume le había hecho para cubrir gastos de campaña. Aclaró también, aunque la explicación se quedó corta, que dicho préstamo no implicaba ningún compromiso hacia ese empresario en caso de resultar electo.

Lecciones

Aunque el caso ya está cerrado no es conveniente que se olvide, ya que presenta lecciones importantes. En primer lugar debe señalarse el incorrecto proceder de la Fiscalía, no por el hecho de abrir una investigación sobre la cuenta o revelar la información, sino por el trato diferenciado, por no decir arbitrario, contra un candidato. El Fiscal rompió el principio de equidad con una clara intencionalidad proselitista.

Los periodistas, en especial los de La Prensa Gráfica, que fue el medio que hizó la revelación, también tienen una cuota de responsabilidad. Si, era deber de ellos difundir esa información, pero tenían que anticipar que estaban siendo parte de una manipulación por parte de la Fiscalía. En ese sentido tuvieron que mostrar mayor rigor periodístico, buscando al menos la versión de Funes antes de desplagar el sendo reportaje.

Habría ayudado también el contextualizar la información, dejando entrever por ejemplo la negativa de las autoridades a regular el financiamiento de las campañas. Aún más, era importante señalar otros casos en que las instituciones han favorecido el encubrimiento, como ocurrió con la Sección de Probidad, la que fue censurada por la Corte Suprema de Justicia al pendir información bancaria sobre ex presidente Francisco Flores y miembros de su gabinete. [1]

Funes respondió bien ante el incidente, al identificar con claridad la fuente de los 2.2 millones de dólares depositados en su cuenta, aun sabiendo los ataques a que se exponía él y su benefactor. Queda la duda, porque es necesario mantenerla, si el préstamo que Nicolás Salume le brindó al candidato en efecto no implica ningún compromiso ahora que su acreedor ha resultado electo. La respuesta el tiempo la dará, por lo que hay que mantener una observación estecha sobre la relación entre empresarios como Salume y el nuevo gobierno.

La gran deuda la seguirán teniendo los partidos políticos. Este caso debería convencerles de que es necesario regular el financiamiento de la política, por razones de transparencia y legitimidad. Algunas aspectos a considerar son las reglas sobre el origen de los fondos, la relación entre el financiamiento público y el privado, la discriminación positiva hacia los partidos pequeños, los techos de gasto electoral y los mecanismos de rendición pública de cuentas.

El que se hayan conocido los detalles de la cuenta bancaria del candidato Funes debería ser el precedente para que el carácter público y el escrutinio de los asuntos relacionados con el financiamiento de la política dejen de ser de una excepcionalidad y se convientan en una normalidad.

Referencias:

  1. La Prensa Gráfica. FGR investiga $2.2 millones en cuenta de Mauricio Funes. 9 de marzo de 2009
  1. La Prensa Gráfica. Fiscalía cierra el caso de cuentas de Funes. 1 de abril de 2009

Notas:

[1] Jaime López. Corrupción en la investigación del enriquecimiento ilícito. 5 de septiembre de 2005
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