Policías colaboran contra inmigrantes

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Agentes de Inmigración durante una redada en un almacén de ropa de  segunda mano, en Houston, Texas, en junio del 2008.
Agentes de Inmigración durante una redada en un almacén de ropa de segunda mano, en Houston, Texas, en junio del 2008.

Julio Cortéz / AP/Houston Chronicle
Por ALFONSO CHARDY


achardy@elnuevoherald.com

Durante años, los defensores de los indocumentados han acusado a las autoridades federales de inmigración de reclutar a policías locales para identificar mejor a los extranjeros ilegales y así poder deportarlos más rápidamente.

Ahora, según estos activistas, sus temores se han confirmado con la reciente publicación de un informe del Departamento de Seguridad Interna, que critica la administración de programas de colaboración entre la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y ciertos departamentos de policía locales y estatales.

El informe de 94 páginas, emitido el mes pasado, se ha convertido en el último frente de batalla entre los defensores de los inmigrantes y el ICE, la agencia encargada de las deportaciones.

La semana pasada, algunos de estos activistas dijeron en una conferencia telefónica con reporteros que el informe muestra de nuevo como ICE se ha convertido en una agencia ‘‘fuera de control”, a la cual el presidente Barack Obama necesita ponerle las riendas. Con anterioridad, estos mismos activistas habían pedido el despido del jefe de ICE, John Morton.

Algunos de los aliados de los activistas en el Congreso han pedido explicaciones a la administración. El representante Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois y paladín de los esfuerzos por legalizar a millones de indocumentados, escribió una carta la semana pasada a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, expresándole su “extrema desilusión y condena inequívoca” sobre las conclusiones del informe.

El informe, preparado por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interna, encontró que los funcionarios del ICE habían sido negligentes en la supervisión de las actividades de policías locales y estatales que han recibido entrenamiento de inmigración o que gozan de autoridad para actuar como agentes de inmigración.

Funcionarios federales han dicho que las asociaciones de ICE con departamentos de policía se enfocarían en la identificación de sospechosos de terrorismo y otros delitos. Esta colaboración tiene lugar bajo un programa conocido como 287(g), una referencia a una sección de ley de inmigración.

El informe del inspector general, titulado El Cumplimiento de los Acuerdos 287(g), deja la impresión de que la indolente supervisión por parte del ICE permitió quizás a ciertos agentes de policía detener a extranjeros sin legítima autoridad.

En un caso específico, según el informe, un agente de la Patrulla de Caminos en un estado no identificado transportó a la víctima de un accidente a una cárcel condal ligada a un programa 287(g) “para poder establecer el estatus migratorio de la víctima” así como su “deportabilidad”.

El informe no indicó por qué la víctima no fue llevada a un hospital o si en última instancia fue atendida por un médico. Tampoco identifica lugares donde tuvieron lugar los incidentes que describe. Pero dice que los investigadores fueron a varias partes del país, incluyendo la Florida.

Ningún departamento de policía en Miami-Dade o Broward participa en el programa 287(g). Los participantes en la Florida incluyen el Departamento de Policía de la Florida (FDLE), así como las oficinas de alguaciles de Jacksonville y los condados de Bay y Collier.

Aceptando errores, los funcionarios del ICE dijeron que, tras la investigación de la oficina del inspector general, el programa 287(g) ha sido reformado para hacerlo más responsable bajo los normas de la agencia.

“El informe de la oficina del inspector general no refleja el actual programa 287(g)”, dijo Nicole Navas, vocera del ICE en Miami. “Desde que se realizó la auditoría, ICE ha reformado fundamentalmente el programa 287(g), reforzando la seguridad pública y asegurando la consistencia en el cumplimiento de la ley de inmigración en todo el país dando prioridad al arresto y detención de extranjeros con antecedentes penales, de esta manera satisfaciendo muchas de las recomendaciones del informe”.

Navas también reafirmó que el programa 287(g) se encamina a identificar y expulsar del país a extranjeros con antecedentes penales “que sean una amenaza a la seguridad pública o un peligro contra la comunidad”.

Agregó que del 1ro. de octubre del 2009 al 31 de marzo de este año, al menos 17,494 ‘‘delincuentes extranjeros” fueron identificados en todo el país bajo el programa 287(g). Estos extranjeros, dijo, fueron acusados de varios delitos incluyendo homicidio, violación, robo, secuestro, drogas, fraude y lavado de dinero.

En general un extranjero que se encuentre en el país sin documentos migratorios y no tenga antecedentes penales es culpable de una ofensa civil, no criminal. El castigo es la deportación, no la cárcel por una ofensa criminal.

Los activistas que defienden a los indocumentados no están convencidos de que ICE hable en serio en cuanto a reformas. Aún piensan que ICE y los departamentos de policía locales colaboran con más y más frecuencia para detener y deportar a inmigrantes sin antecedentes penales.

“Este informe muestra que mientras los programas del ICE como 287(g) [. . .] se venden al público como protección de nuestra seguridad porque se concentran en la búsqueda de delincuentes peligrosos, en realidad hacen lo opuesto”, dijo Jonathan Fried, director ejecutivo de WeCount!, organización en Homestead donde hay comunidades de inmigrantes indocumentados de México y América Central.

“No dan prioridad a aquellos con antecedentes penales graves. Ponen a las personas en el sistema de deportación ya sea que tengan o no antecedentes penales [. . .] Están profundizando más y más la desconfianza de la comunidad en la policía y desalentando la voluntad de cooperación de la comunidad en resolver los delitos”.

Por varios años, Fried ha sido uno de los activistas más tenaces en sus críticas sobre la colaboración entre ICE y los departamentos de policía así como los operativos del ICE en los que caen inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.

Fried no es el único activista que ha decidido criticar fuertemente al ICE en días recientes.

Uno de los grupos, el influyente Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), anunció planes para realizar protestas frente a las oficinas del ICE en varias ciudades.

El mes pasado, varios activistas expresaron su indignación sobre el contenido de un memorando interno del ICE, publicado primero por The Washington Post, acerca de la estrategia de la administración en cuanto a la deportación de indocumentados.

El memorando, escrito por James M. Chaparro, director de operaciones de detención y deportación del ICE, se quejaba de la disminución en el número de deportaciones de extranjeros sin antecedentes penales y fijaba metas para los agentes encargados de la detención de indocumentados a fin de elevar el número de expulsiones.

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