Análisis de La ley SB 1070

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REPUBLIC: ¿Qué es lo que la ley requiere que hagan los oficiales de la policía? ¿Cómo puede un oficial de la policía dar seguimiento a una sospecha razonable de status ilegal? ¿Los oficiales de la policía pueden dar seguimiento por sospecha razonable de situación ilegal fuera de un encuentro para aplicar alguna otra ley u ordenanza? ¿Qué lineamientos o límites han impuesto los tribunales sobre lo que constituye una “sospecha razonable”?

CHIN: ARS 11-1051(B) impone tareas de investigación en los oficiales individuales. Ni esta sección, ni nada más del estatuto impone ninguna restricción de investigación, por ejemplo: no prohíbe que los oficiales conduzcan investigaciones migratorias en casos en los que no sean requeridas.

Por lo tanto, nada prohíbe que los oficiales investiguen la situación migratoria de víctimas, testigos o curiosos. Si una agencia tuviese la política de no hacer investigaciones migratorias sobre, digamos, las víctimas o los testigos, dicha política puede incurrir en violación de 11-1051(A), que prohíbe la restricción de investigaciones migratorias a menos de lo permitido por la ley federal. Como la ley federal permite las investigaciones de la situación migratoria de víctimas, una política contraria puede resultar ilegal.

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La obligación de los oficiales de la policía es la siguiente: Cuando paren, detengan o arresten legalmente a una persona que el policía tenga sospecha razonable de que se trate de una persona indocumentada, el oficial debe, cuando sea práctico, hacer el esfuerzo razonable para determinar la situación migratoria de la persona, excepto cuando pueda interferir con una investigación. ARS 11-1051(B).

Dicha obligación es aplicable sólo “cuando sea práctico” y sólo se requieren esfuerzos “razonables”, y aún cuando sea práctico, no se requieren esfuerzos razonables si ello puede interferir con una investigación. Dado que los oficiales de la policía a menudo tienen una gran cantidad de trabajo que hacer (por ejemplo: dar seguimiento a casos anteriores, responder a llamadas de servicio del 911, preparar reportes de arrestos, etc.), un punto de vista razonable es que los oficiales podrán decidir lo que es práctico y hacer investigaciones cuando así lo elijan.

Cuando una persona es parada o detenida, la presentación de una licencia de conducir de Arizona o de otra forma específica de identificación muestra el estatus legal o la ciudadanía. Los oficiales de la policía pueden llamar a las autoridades federales migratorias para determinar la situación migratoria de cualquier persona que paren.

La palabra “detener” resulta importante en este caso. Los sospechosos son “parados” o “arrestados”. La palabra “detención” a menudo se usa cuando la policía detiene a no sospechosos. La Suprema Corte ha sostenido que los pasajeros de un auto están “detenidos” cuando se para al conductor por un delito o violación de tránsito; los ocupantes de una casa pueden estar “detenidos” si se hace un cateo por orden judicial. Por consiguiente, el estatuto contempla que la policía investigará el status de las personas de las cuales no se tenga sospecha alguna de una transgresión. Pero una interacción voluntaria o consensual probablemente no encaja dentro de la palabra “detener”, y tal interacción claramente no es una parada o arresto.

Cuando una persona es arrestada, su situación migratoria debe ser aclarada antes de ser liberada, verificando con el gobierno federal. Esta obligación no parece requerir que exista ninguna base de sospecha acerca de la situación migratoria, cualquier persona que sea arrestada debe ser checada con los federales antes de liberarla. Algo crucial para esta estipulación es que la persona tiene que ser arrestada sobre alguna base legítima. Si no existe una base establecida para arrestar a alguien, los tribunales probablemente considerarán anticonstitucional detener a la persona. Pero aún para los arrestos de “trabaja un día”, dichas estipulaciones generarán mucho trabajo tanto para la policía (o los oficiales de las cárceles) como para las autoridades migratorias federales.

Cuando un no ciudadano que se encuentre presente ilegalmente es liberado después de declararlo culpable por un delito, las autoridades federales deben ser notificadas. ARS 11-1051(C). Ello no implica ninguna cuestión en particular; compartir información es constitucional.

Los tribunales federales y locales han identificado una serie de factores para determinar si existe la sospecha razonable de que una persona sea indocumentada: país aparente de origen; idioma o acento; ropa y peinado; origen y destino de viaje; la naturaleza y carga del vehículo (incluso tácticas evasivas); si el barrio donde se lleva a cabo el encuentro tiene una gran cantidad de personas indocumentadas o no; si el sospechoso está o no nervioso; movimientos “furtivos”; comportamiento sospechoso; el conocimiento, entrenamiento y experiencia del oficial.

Los tribunales también han dicho que, en procedimientos migratorios, se puede considerar el país de origen: “La evidencia de nacimiento extranjero da lugar a una presuposición de que la persona así nacida es un extranjero, y se presume que la extranjería continúa hasta que se demuestre lo contrario”. Corona-Palomera vs. Servicio de Inmigración y Naturalización, 661 F.2d 814, 818 (9º Cto. 1981). Así que, si la policía se entera de que alguien no nació en los Estados Unidos, ello puede ser evidencia de que la persona no sea un ciudadano.

No existe una regla rígida y rápida respecto a la cantidad necesaria de factores o el peso que se asignará a factores en particular. “Sospecha razonable” es un estándar bajo. Es menos que motivo fundado, lo cual es menos que una preponderancia de la evidencia, lo cual es más del 50 por ciento. Pero los tribunales federales y estatales también han dicho una y otra vez que la sospecha razonable es específica al contexto y no es cuantificable.

La sospecha razonable puede ser satisfecha enteramente con la conducta legal, y la conducta congruente con la inocencia, porque su sola función es determinar si es apropiado investigar más. Por otra parte, hay muchos casos en los que los tribunales no encuentran sospecha razonable, aún cuando existe algo de evidencia, si parece que la policía estaba en una expedición de pesca o actuó precipitadamente.

REPUBLIC: ¿Qué usos de raza permiten y prohíben las constituciones de Estados Unidos y de Arizona?

CHIN: La raza puede ser utilizada para identificar a un sospechoso en particular. Por ejemplo, si un testigo reporta que un robo fue cometido por una “mujer blanca, de 5 pies 4 pulgadas a 5 pies 8 pulgadas, entre los 15 y los 20 años”, sería constitucional concentrarse en sospechosos de esa raza.

Según la Suprema Corte, la Constitución de Estados Unidos permite que la raza sea considerada en la ejecución de leyes migratorias: “La probabilidad de que una persona determinada de ascendencia mexicana sea un extranjero es lo suficientemente alta para que la apariencia de mexicano sea un factor relevante”. Estados Unidos vs. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873, 886-87 (1975).

El Tribunal Superior de Arizona está de acuerdo en que “la ejecución de leyes migratorias a menudo implica una consideración relevante de factores étnicos”. El Estado vs. Graciano, 653 P.2d 683, 687 n.7 (Ariz. 1982) (citando a El Estado vs. Becerra, 534 P.2d 743 (1975)).

Sin embargo, existen muchas preguntas abiertas. La mayoría de los casos que permiten el perfilamiento racial se tratan de oficiales de la Patrulla Fronteriza en ejecución de las leyes federales migratorias. No está claro que la Suprema Corte de Estados Unidos o el Tribunal Superior de Arizona extenderá estos fallos a los oficiales estatales en ejecución de las leyes migratorias del estado, o a oficiales estatales que tengan responsabilidades generales de ejecución de la ley.

Asimismo, hablando de California Sur, el 9º Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ha sostenido que hay tantos inmigrantes legales o visitantes y ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana que la apariencia racial ya no se puede utilizar. Estados Unidos vs. Montero-Camargo, 208 F.3d 1122, 1131 (9º Cto. 2000) (en banc). Se puede argumentar que la misma lógica es aplicable en Arizona.

Estoy profundamente sorprendido que cualquiera interprete que esta ley prohíba el perfilamiento racial. Si lo hiciera, la legislatura no hubiera estipulado que la policía “no puede considerar la raza, el color o el país de origen en la ejecución de los requisitos de la presente subsección excepto en la medida permitida por la Constitución de los Estados Unidos o de Arizona”.

El hecho de que la última cláusula forme parte de la ley, invita al perfilamiento seguido de pruebas legales de si es o no apropiado en casos particulares. Si la Legislatura y la gobernadora de hecho tuvieran la intención de prohibir el uso de la raza, el color o el país de origen, deberían borrar la última cláusula. Eso sacaría la raza de la ley y sería una mejora importante, pero dada la vasta discreción ejercida bajo el estándar de sospecha razonable, la raza permanecería en el aire.

ARS 11-1051(H)

REPUBLIC: ¿Quién puede ser demandado y por qué?

CHIN: Bajo 11-1051(H), los elementos para esta causal de acción son (1) que el demandado sea un oficial o agencia gubernamental, que (2) adopte o aplique una política restringiendo la ejecución de la ley migratoria federal a menos de lo permitido por la ley federal.

Algunos puntos importantes. Primero, 11-1051(A) y (H) no están limitados a entidades de ejecución de la ley ni a la ejecución de la ley federal penal de inmigración. Por consiguiente, es posible que estas obligaciones les sean aplicables a otras entidades gubernamentales.

Segundo, 11-1051(H) parece no crear un derecho a demandar para que se ejecuten las nuevas estipulaciones de inmigración de Arizona como 11-1051(B). La demanda está disponible sólo para la no ejecución de la ley migratoria federal.

Tercero, obsérvese que el que un actor que impugne una política tiene una desventaja, pero no una ventaja; se les puede requerir que paguen honorarios de abogado si pierden [11-1051(J)], pero no obtienen nada personalmente si ganan [11-1051(I)].

Cuarto y crucial, 11-1051(A) aparenta ser una ley “anti-jefe”. No aparenta requerir que ningún empleado común (como un oficial de policía en la calle) haga nada (11-1051(B) lo hace). Sino que, 11-1051(A) restringe a los líderes (consejos de la ciudad, jefes de policía) —aquellos que establecen políticas— de limitar lo que hacen los empleados de su campo.

Esta lectura es confirmada por 11-1051(H), que hace responsable a una agencia u oficial que implemente o adopte una “política”, e impone una sanción “por cada día que la política haya permanecido en vigor después de interpuesta la acción”. Las decisiones individuales de ejecución no parecen ser “políticas” bajo esta ley porque no “permanecen en vigor” por ningún período de tiempo después de que se han llevado a cabo. Además, sería sorprendente que el 11-1051(B) diera discreción a los oficiales del campo pero luego impusiera una posible responsabilidad civil por ejercitar dicha discreción.

Como mínimo, 11-1051(A) prohíbe que las ciudades se rehúsen a cooperar con las autoridades de inmigración federal como política. La pregunta es cuán lejos llega más allá de eso.

La frase operativa, “todo el rigor permitido por la ley federal” es bastante amplia. Esta frase hace la sección misteriosa porque las dos interpretaciones más naturales del lenguaje hacen el estatuto ya sea revolucionario, o básicamente irrelevante.

Una lectura extrema, pero literal es esta: La ley federal no prohíbe (y por lo tanto sí “está permitido por la ley federal”) a una ciudad, que permita que sus empleados se pasen todo el día, todos los días, investigando delitos federales de inmigración.

Cierto, es absurdo pensar que 11-1051(A) tiene la intención de restringir a las autoridades administrativas en tal medida. Sin embargo, una lectura literal de la presente ley es que hace de la ejecución de las leyes federales de inmigración la prioridad más importante sobre ejecución de leyes en todo el estado y que los oficiales individuales en el campo pueden, por lo tanto, elegir pasar todo el tiempo que quieran haciendo investigaciones de inmigración independientemente de las instrucciones de sus superiores.

La lectura “básicamente irrelevante” es esta: Si el gobierno puede asignar a empleados a obligaciones particulares, entonces queda poco de 11-1051(A).

Quizás los administradores de las agencias de ejecución de la ley puedan establecer prioridades: a los oficiales de patrulla, por ejemplo, se les podría decir que pueden investigar faltas de inmigración: (1) siempre que lo requiera el 11-1051(B); (2) si están investigando delitos mayores serios como reentrada después de deportación por un delito; y (3) de otra manera, cuando no haya nada más importante para proteger la vida y la propiedad como llamadas pendientes de servicio del 911, o necesidades de investigación sobre violaciones, robos, asaltos u homicidios. Esta sería una priorización perfectamente sensata de esfuerzos policiales y probablemente resultaría en pocas investigaciones de Categoría 3 porque esas condiciones son raras en las zonas urbanas.

Si tal política es permisible, significa que hay poca sustancia en 11-1051(A); prohíbe sólo las prohibiciones generales en cuanto a la ejecución de las leyes federales de inmigración, lo cual es raro o no existente en Arizona de cualquier manera. Si tal política es inadmisible y viola el estatuto, eso quiere decir que los oficiales deben que tener permitido rehusarse a responder a delitos serios si ellos prefieren investigar delitos de inmigración, lo cual, nuevamente, sería una alteración radical de la autoridad normal de administración policial.

Ya sea que una posición extrema, irrelevante o diferente sea adoptada por los tribunales, esta estipulación de demandas de ciudadanos es de otra forma desconocida en las leyes americanas, y la carga que va a colocar en los departamentos de policía y otras agencias gubernamentales –aunque ganen las demandas–, es considerable. Al reflexionar más, y sobre la base de la experiencia de los ocupados fiscales y agencias de la policía, es posible que la Legislatura decida eliminar esta estipulación de la ley.

ARS 13-1509(A)

REPUBLIC: ¿En qué consisten las violaciones federales de referencia? ¿El estado tiene poder para legislar en esta área, o lo dejaría sin efecto la legislación federal?

CHIN: Un estatuto puede quedar sin efecto si el Congreso ya ha “ocupado el campo” en un área particular. Cuando el Congreso ocupa un campo, ninguna ley estatal está permitida. En Hines vs. Davidowitz, 312 U.S. 52, 74 (1941), la Suprema Corte sostuvo que la Ley de Registro de Extranjeros de Pennsylvania quedaba sin efecto debido a la Ley federal de Registro de Extranjeros de 1940. Hines es a veces leído como ejemplo de que se sostiene que el Congreso ocupó el campo de registro de extranjeros. Si ese es el caso, entonces, esta sección es inválida.

Suponiendo que 13-1509 sea constitucional, tiene una aplicación extremadamente limitada porque está ligada a estatutos federales, que en si son difíciles de violar, Título 8 del Código de Estados Unidos, Secciones 1304(e) y 1306(a).

Es probable que pocos incurran en violación del Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1304(e), que convierte en delito la falta de llevar un documento migratorio emitido por los Estados Unidos: La mayoría nunca han recibido un documento migratorio. Si una persona no lleva documentos válidos pero está autorizado a vivir en los Estados Unidos, no se le puede enjuiciar porque el ARS 13-1509(F) limita el estatuto a quienes no estén autorizados a vivir en el país. (Sin embargo, la policía de Arizona ahora puede arrestar a los inmigrantes legales que no lleven sus documentos por esta falta. Todos los no ciudadanos deberían cargar sus documentos en todo momento.)

Un requisito obscuro de registro es el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1306(a). Lo más importante es que no es aplicable a quienes entran legalmente con una visa por un punto de inspección. La declaración de culpabilidad bajo este estatuto también es difícil. Primero, la declaración de culpabilidad requiere prueba de cuándo entró la persona, porque no hay obligación de registro si la persona lleva menos de 30 días. Sección 1302(a)(3) del Título 8 del Código de Estados Unidos.

Segundo, mientras que generalmente la ignorancia de la ley no es un pretexto, en algunas áreas de reglamentación compleja como los impuestos, las legislaturas imponen responsabilidad sólo por violaciones “intencionadas”; es decir, las basadas en “una violación voluntaria e intencional de una obligación legal conocida”. Este principio normalmente aplicado a leyes técnicas reglamentarias, protege a las personas de que sean declaradas culpables de un delito a menos que específicamente hayan intentado actuar contra la ley.

La Suprema Corte ha explicado que 1306(a) requiere de intención. En Hines vs. Davidowitz, la corte sostuvo que una ley de registro de extranjeros de Pennsylvania era inválida porque entraba en conflicto con una ley federal. La corte observó que “bajo la ley federal los extranjeros… sólo pueden ser sancionados por omisión intencionada de registro”.

Los debates incluyeron declaraciones como la del Senador Richard Russell: “Esta estipulación dice ‘se rehúsa intencionalmente’. No sancionaríamos por rehusarse intencionalmente a un hombre que no presentara una solicitud porque no sabía acerca de la necesidad de hacerlo”.

En consecuencia, la violación de 1306(a), y por lo tanto la declaración de culpabilidad bajo el ARS 13-1509, requiere prueba más allá de toda duda razonable de que el acusado conocía la obligación de registro.

Pocos o ninguno conocen la obligación de registrarse. Les he preguntado a varias personas y no he encontrado a ningún abogado o profesor que sepa de un formulario específico del gobierno u otro mecanismo e registro bajo 1306(a). Por consiguiente, o no hay forma de registrarse porque el programa es obsoleto, o existe un programa que es tan obscuro que ni los especialistas en inmigración saben cómo funciona. Si usted piensa que las personas indocumentadas probablemente saben menos que los profesores de derecho migratorio, pocos acusados (si es que alguno) habrán actuado “intencionalmente”.

ARS 13-2928

REPUBLIC: ¿Puede el estado prohibir constitucionalmente las ofertas de trabajo en las calles u otras?

CHIN: Esta es una sección dirigida a trabajadores por día, aunque su prohibición de buscar trabajo es más amplia. Esta nueva sección de los Estatutos Revisados de Arizona constituye en delito el impedir el tránsito para contratar a un individuo para que trabaje o si se es el individuo que se está contratando para trabajar. La ley es aplicable solamente cuando los vehículos motorizados estén “parados en una calle, camino o carreteras” y cuando los vehículos estén bloqueando o impidiendo “el movimiento normal del tránsito”. ARS 13-2928(A), (B). Un estatuto existente prohíbe conducir “a una velocidad tan lenta que impida o bloquee el movimiento normal y razonable del tránsito” ARS 28-704(A). La Sección 13-2928 difiere de este estatuto existente en dos aspectos importantes: Primero, es aplicable cuando un vehículo motorizado está impidiendo o bloqueando el tránsito para un fin particular –contratar a un individuo para que sea transportado a otro lugar para trabajar– y segundo, la violación al estatuto es un delito menor Clase 1. ARS 13-2928(D).

Generalmente, el estado puede reglamentar el tránsito, pero es posible que haya problemas con esta ley. Un tribunal federal de California declaró una ordenanza similar inválida. Pero dicha ordenanza no requería la interferencia con el tránsito, como lo hace la ley de Arizona. Comité de Jornaleros de Redondo Beach vs. City of Redondo Beach, 475 F. Supp.2d 952 (CD Cal. 2006).

Sin embargo, un caso de Arizona declaró una ordenanza similar en Cave Creek como anticonstitucional porque no era de contenido neutro; por ejemplo, se concentraba en un tipo de discurso en particular. Lopez vs. Town of Cave Creek, Arizona, 559 F. Supp.2d 1030 (D. Ariz. 2008). Si esta decisión es correcta, el estatuto de Arizona también resulta anticonstitucional.

Asimismo, la legislación estatal que impone sanciones penales por contratar a extranjeros indocumentados queda sin efecto debido a la Ley Federal de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (por sus siglas en inglés, IRCA). IRCA explícitamente invalida “cualquier ley estatal o local que imponga sanciones civiles o penales (que no sea mediante leyes de licencias y similares) a quienes empleen o recluten o recomienden por una cuota para empleo, a extranjeros no autorizados”.

La Sección 13-2928 indiscutiblemente impone una sanción penal: un delito menor Clase 1 es objeto de sanción de hasta seis meses de encarcelamiento. Aunque la estipulación no menciona específicamente inmigración, es probable que los tribunales la interpreten de esa manera porque los tribunales interpretan la legislación “contra los antecedentes de la historia legislativa… y el contexto histórico que dio surgimiento a la ley”. La Sección 13-2928 era una porción de un proyecto de ley diseñado para tratar la inmigración ilegal.

Efectivamente, la subsección C de dicha sección –la sección que prohíbe que una persona que esté en Estados Unidos ilegalmente solicite trabajo, pida trabajo en un lugar público o desempeñe trabajo– claramente indica que dicha sección fue creada en respuesta a la percepción de que los extranjeros indocumentados solicitan y obtienen posiciones de trabajadores por día de residentes que los recogen de las esquinas de las calles. Por consiguiente, existe una posibilidad de que una corte declare que 13-2928 es inválida en la medida en que sea aplicable a los empleadores.

La sección también prohíbe que cualquier persona que esté en los Estados Unidos ilegalmente solicite trabajo, pida trabajo en un lugar público o desempeñe trabajo ya sea como empleado o contratista independiente. No es un delito federal trabajar en Estados Unidos sin autorización (de la misma manera que tampoco es un delito federal estar en los Estados Unidos sin autorización), así que 13-2928(C) es novedad. Definitivamente expandirá el poder de la policía local para hacer investigaciones en lugares de trabajo y hacer arrestos.

ARS 13-2929

REPUBLIC: ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales alguien puede ser imputado con transportar o albergar a un inmigrante ilegal?

CHIN: Esta nueva sección de los Estatutos Revisados de Arizona, prestada de la ley federal, crea un delito en Arizona con varios requisitos definidos. Primero, la ley es aplicable cuando una persona “se encuentre en violación de un delito penal” ARS 13-2929(A), aparte de 13-2929.

Segundo, la persona debe transportar, mudar, albergar, ocultar o proteger a no ciudadanos, o alentar o inducir a su entrada a Arizona. Tercero, el acusado debe saber o imprudentemente hacer caso omiso del hecho de que los no ciudadanos hayan venido, hayan entrado o hayan permanecido en los Estados Unidos en violación a la ley y actuar para que continúen.

Por lo tanto, la falta principal que estos estatutos están dirigidos a sancionar está asociada con el tráfico: Transportar a no ciudadanos cruzando la frontera, o de la frontera al interior de los Estados Unidos, esconderlos en el camino y ayudarlos a evadir la ejecución de la ley (o quizás, ocultándolos de los oficiales de la policía que los liberarían del trabajo forzoso).

La sección del estatuto de “en violación de un delito penal” contempla que el tráfico será descubierto al ejecutar alguna otra estipulación de ley, como un delito de tránsito o la prohibición de Arizona del tráfico de seres humanos.

La violación es un delito menor de Clase 1, pero una falta que implique 10 ó más no ciudadanos indocumentados es un delito mayor de Clase 6. Las posibles sanciones para las versiones federales de las ofensas son mucho más altas: hasta cinco años de encarcelamiento o más si existen ciertos factores agravantes. Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1324(a)(1)(B).

Varios rompecabezas interpretativos surgen del requisito “esté en violación de un delito penal”. Una búsqueda en Westlaw sugiere que esta frase no se utiliza en ningún otro estatuto estatal o ley federal vigente, así que su significado es cuestión de especulación. Parece ser aplicable a una persona que, en el momento de transportar, albergar o alentar a un extranjero indocumentado, también esté cometiendo un delito; por ejemplo, una persona que esté transportando personas indocumentadas cruzando la frontera mientras va a 20 millas por hora más rápido que el límite de velocidad.

Sin embargo, una persona transportando no ciudadanos indocumentados que violara una simple regla de tránsito no parecería estar “en violación de un delito penal” y, por lo tanto, no sería responsable bajo este estatuto.

Algunos delitos se consideran “faltas continuas” que existen sólo desde el punto en que todos los elementos hayan ocurrido pero sólo hasta que la falta cese. El rapto es una ofensa continua, que termina sólo cuando se libere a la víctima. La entrada sin inspección puede ser una falta continua. Tal vez si un individuo cometiese una “falta continua” que aún no haya sido determinada, es posible que sea responsable bajo este estatuto si está transportando o albergando a no ciudadanos.

Las transacciones independientes normales pueden ser excluidas. Por ejemplo, el 7º Circuito dijo que, interpretada literalmente, la ley federal “podría concebiblemente instituir en delitos las acciones de un taxista que transporta en una transacción comercial de rutina, a un individuo que anuncie su calidad de extranjero ilegal durante el curso del transporte”.

“No interpretamos que la Sección 1324(a)(1)(B) decrete una responsabilidad legal tan generalizada. Las consideraciones relevantes que tratan sobre este tema incluyen si el acusado recibe o no compensación por su actividad de transporte, si el acusado hizo esfuerzos preventivos para ocultar a los extranjeros ilegales y si los extranjeros ilegales eran los amigos o compañeros de trabajo del acusado, o simplemente cargamento humano”.

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