Demanda del Gobierno de EE UU contra la ley de Arizona

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Obama lleva a los tribunales la ley de Arizona

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Demanda del Gobierno de EE UU contra la ley de Arizona

El Departamento de Justicia tiene previsto ofrecer esta noche los detalles de la demanda presentada ante un tribunal federal del estado de Arizona por la supuesta inconstitucionalidad de la ley y por la usurpación por parte de las autoridades de ese territorio de una función que le corresponde al Gobierno federal. El fiscal general, Eric Holder, entiende que la Constitución deja exclusivamente en manos de la Administración central la gestión de asuntos la inmigración y la seguridad fronteriza que afectan al conjunto de los ciudadanos norteamericanos.

Los detalles legales y la defensa que Holder sea capaz de hacer de su causa serán muy importantes de cara a una pelea que puede ser dura, prolongarse durante mucho tiempo y provocar importante repercusiones políticas. Una derrota del Gobierno ante los tribunales, por ejemplo, además de debilitar gravemente a Obama, abriría la puerta a múltiples opciones legislativas sobre inmigración y podría crear un desorden jurídico inimaginable.

La ley de Arizona, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado en abril y firmada por su gobernadora, Jan Brewer, entrará en vigor el próximo día 29 si el Gobierno de Obama no consigue antes que los jueces lo impidan. Siguiendo ese ejemplo, otros estados afectados por la situación de la frontera con México han anunciado iniciativas legislativas similares.

En un importante discurso la semana pasada, Obama reconoció que el sistema migratorio en Estados Unidos estaba quebrado, pero advirtió que era responsabilidad de su gobierno repararlo y propuso a los dos partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule el problema a escala nacional.

Su decisión ahora de acudir a los tribunales supone un paso infrecuente y peligroso. Por un lado, la intromisión de la Administración federal en las decisiones de un estado, por razones históricas y prácticas, suele ser poco recomendable. En este caso, además, la decisión de Washington chocaría con lo que parece ser, según las encuestas, la opinión de una mayoría de los norteamericanos.

La ley de Arizona ha sido considerada por numerosos expertos y analistas como una auténtica aberración jurídica. Convierte en un delito la presencia en Arizona de inmigrantes sin documentos y permite a la policía confirmar el estatus legal de una persona a la que se detenga por cualquier otro delito menor, incluso la presunta trasgresión de una ordenanza municipal.

Es una ley, como dijo Obama la semana pasada, que crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento.

En definitiva, es una ley que perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que más inmigrantes aporta en los estados del sur del país. Los dirigentes de esa comunidad, por esa razón, llevan semanas desarrollando un movimiento de protesta de gran repercusión. Más de 15 ciudades, entre ellas las más pobladas, se ha sumado a un boicot contra Arizona, mientras que las más influyentes instituciones del país, desde la Iglesia Católica a los sindicatos o los medios de comunicación, han denunciado la arbitrariedad de esa legislación.

La opinión pública, sin embargo, parece entender la ley de Arizona, más que como un quebranto de los principios constitucionales, como un intento de poner orden en una situación que se escapa de las manos. Estados Unidos cuenta actualmente con unos once o doce millones de inmigrantes ilegales y, aunque el ritmo ha bajado durante la reciente crisis económica, este país sigue siendo un destino predilecto de trabajadores sin papeles, especialmente procedentes del sur de su frontera.

Esos inmigrantes son, al mismo tiempo, un pilar esencial de la economía de muchos estados y una fuente de conflictos sociales. Durante años, el Gobierno en Washington ha tratado infructuosamente de regular la situación. Una serie de intereses políticos locales impiden reunir en el Congreso la mayoría precisa para hacerlo.

Ahora, la población considera este problema como uno de los prioritarios y exige, tanto el control fronterizo como la ordenación de la situación actual. Una encuesta de Gallup muestra que un 50% cree más urgente impedir la llegada de nuevos inmigrantes ilegales, mientras que un 45% estima prioritaria la regularización de los que ya están aquí.

El asunto adquiere mayor actualidad en estos momentos, cuando los partidos se disponen a cortejar el voto hispano para las elecciones legislativas de noviembre.

Caza a los ilegales en Arizona

  • El Estado del sur de EE UU adopta una ley que convierte la inmigración ilegal en delito

  • La norma desata una auténtica oleada de cólera entre los hispanos

Una auténtica oleada de cólera se ha desatado entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la entrada en vigor en Arizona de una ley que, por primera vez en la historia de este país, permite a la policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de múltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendrá que ser debatida ante los tribunales de justicia y, probablemente, obligará a una acción de respuesta de Barack Obama.

La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está aquí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 dólares y, eventualmente, expulsado del país.

Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, la policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona en cuestión fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes sólo pueden probar la legalidad de su situación con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulación.

Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se concentraron ayer como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.

El presidente Obama ha manifestado que la iniciativa de Arizona constituye “una irresponsabilidad” sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. “Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos”, dijo Obama, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca a la actuación de los estados. El Gobierno de México y la Iglesia católica han expresado también su preocupación por esta legislación, que el cardenal Roger Mahony de Los Ángeles ha comparado con el nazismo.

La gobernadora Brewer ha justificado la ley “por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras”. La misma razón por la que le ha dado su apoyo el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.

La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.

Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.

No es casualidad que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff cruel llamado Joe Arpaio, que presume de mantener a raya a los inmigrantes con métodos vigorosos, como la constante intimidación de parte de sus policías a las familias mexicanas con intención de atemorizarlas y obligarlas a regresar. En el condado de Maricopa, a espaldas del país tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.

La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como esa y aumenta dramáticamente la presión sobre el Congreso para que se apruebe una dificilísima pero imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los últimos días la Casa Blanca se ha puesto en contacto con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes. El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, cuyo escaño puede ser decidido por los muchos hispanos de Nevada, ha prometido que habrá una ley de inmigración este año.

Duras críticas desde México

El Gobierno de México criticó duramente la ley de Arizona y anunció que se planteará la relación que mantiene con dicho Estado ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. “La ley (…) afecta a la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona”, destacó la canciller, Patricia Espinosa, a través de una declaración oficial difundida por Efe.

Espinosa lamentó que los legisladores que han aprobado la ley no hayan tenido en cuenta la “valiosa e inmensa” contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y de EE UU. “La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada”, añadió la canciller, quien aseguró que ante una ley que afecta a los derechos humanos de “miles de mexicanos”, el Gobierno de Felipe Calderón “no puede permanecer indiferente”. En este sentido, recordó que el Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo “diversas acciones y acercamientos a todos los niveles” para transmitir al Gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas “sin obtener una respuesta positiva de su parte”. En la declaración se asegura que México utilizará “todos los recursos a su alcance” para defender los derechos y dignidad de los mexicanos afectados y se adelanta que la Embajada de México y los cinco consulados que tiene en ese Estado “redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica”.

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