Religiosos enfrentan dilema moral de ayudar a indocumentados

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Por SHAJIA AHMAD

The Associated Press

GARDEN CITY, Kansas, EE.UU. — La monja católica Janice Thome suele tener que asistir a muchos indocumentados en esta comunidad del centro de Estados Unidos. Es gente que trabaja duro por poco dinero, tiene dificultades para encontrar viviendas adecuadas y enfrenta los desafíos emocionales y físicos de la vida del inmigrante.

“Sólo aquellos que están desesperados por alimentar a sus familias cruzan la frontera”, dice Thome. “Aquí enfrentan los mismos problemas (que otras familias), pero los de ellos se hacen mucho peores. Y si consiguen trabajo, siempre tienen miedo de que alguien se entere”.

La monja, que trabaja en la región hace décadas con una organización de hermanas dominicanas, se basa en las enseñanzas católicas para opinar que todas las personas tienen derecho a vivir donde ellas elijan si en su propia patria no pueden tener una vida decente.

Thome asegura que todos los países tienen el control de sus propias leyes y la responsabilidad de compartir sus riquezas.

“Es un acto de equilibrismo (entre las dos posiciones), pero si pensamos que está bien que tengamos un garaje para tres autos mientras otra familia pasa hambre, eso es ser egoístas”, dice.

La nueva ley de inmigración de Arizona generó un intenso debate, en el que se recurre a menudo a argumentos morales.

Algunos líderes religiosos locales como Thome aceptan abordar este tema tan polémico en sitios como el condado de Finney, donde está Garden City y que es un lugar con una alta diversidad étnica: 23% de sus residentes son nacidos en el extranjero, mientras que en el resto del estado el porcentaje es de sólo 5%, según cifras del censo.

La ley de Arizona autoriza a las autoridades locales verificar el status migratorio de toda persona que se sospecha pueda encontrarse en el país ilegalmente y ha generado enfrentamientos entre quienes dicen que es necesaria para combatir a los indocumentados porque el gobierno nacional no hace lo suficiente y quienes la consideran una violación a los derechos civiles y promueve la discriminación de los hispanos.

La ley, que debe entrar en vigor el 29 de julio, enfrenta varios desafíos legales de agrupaciones públicas y privadas, incluido el gobierno federal.

El propio presidente Barack Obama, cuyo gobierno presentó una demanda contra la ley de Arizona, dijo en un discurso en julio en Washington que “reparar el fallido sistema de inmigración no es sólo un tema político, no es sólo un tema económico, sino también una obligación moral”.

Para Thome, la responsabilidad de asistir a los forasteros viene de los tiempos del Viejo Testamento, en que Dios ordenó a los israelíes dar la bienvenida a los extranjeros, fueran “extraños”, “ajenos” o “pobres”.

“Cada una de las personas indocumentadas que conozco quiere ser legal y tener acceso a documentos. Quieren aprender inglés”, dice. “Saben que necesitan hacerlo si quieren ser parte del tejido social de este país”.

El sacerdote ortodoxo Philip Vreeland, de la iglesia de los Tres Jerarcas en Garden City, dice que su iglesia no tiene una posición oficial sobre el tema, pero enseña a obedecer a las autoridades. Al mismo tiempo, agrega, la iglesia tiene la responsabilidad de buscar justicia cuando las leyes son injustas.

“Si un extraño viene a nosotros en busca de ayuda, nos enseña que cuidemos a esa persona”, dice Vreeland. “No sé si hay o no (leyes injustas), pero si es así deben ser resueltas o cambiadas, si son de naturaleza discriminatoria. Después de todo, todos llegamos aquí de una manera u otra”.

En cambio, el pastor Blake Harris, de la iglesia protestante Palabra de Vida, dice que no se opondría a que Kansas adoptara una ley como la de Arizona. Para él, no es correcto darle a los indocumentados la posibilidad de legalizar su situación.

“Nunca denunciaría a un extranjero ilegal si viniera a pedirme ayuda, lo ayudaría lo más posible”, dice. “Pero si es un criminal violento, expúlsenlo, no nos ayuda para nada”.

Harris explica que San Pablo enseñaba a los primeros cristianos a obedecer las leyes, aún aquellas en su contra.

“Sigue siendo un tema moral. Las personas debe obedecer las leyes vigentes y, si son ilegales, deberían ser deportadas”, afirma. “Es lo mismo que si tuviéramos a un asesino en nuestra comunidad, esa persona sigue siendo un criminal”.

En el 2008 había 11,9 millones de indocumentados en Estados Unidos y 76% eran hispanos, según el Centro Hispano Pew.

El Pew estimó asimismo que casi medio millón de indocumentados vivían en Arizona en el 2008, casi todos mexicanos.

Con información del diario The Garden City Telegram: http://www.gctelegram.com

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