La tercera Gran Depresión (Augurios para un nuevo año)

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La crisis ha generado cambios estructurales en las relaciones internacionales y los modelos de crecimiento. Mientras Europa se desdibuja en el nuevo panorama, China empieza a practicar un neoimperialismo de corte planetario.

Un grupo de obreros chinos trabaja en la construcción de un edificio en Chengdu, en la provincia de Sichuan- CHINA PHOTOS / GETTY

Este tipo de acontecimientos marcan una inflexión en la historia de la humanidad, delimitan un cambio de paradigma. El mundo no es ya más el que era después de que se producen, pero no como consecuencia de los destrozos o alteraciones que provocan, sino porque el mismo mundo ya había cambiado antes, aunque los gobernantes y las opiniones públicas no se hubieran percatado de ello. Las crisis sistémicas constituyen el efecto y no la causa de dichos cambios. El pánico de 1873, que coincidió con el estallido de una burbuja inmobiliaria en Austria, corazón del imperio centroeuropeo, marcó también el comienzo del declive del británico y el inicio de la hegemonía americana. Hubo un deslizamiento de poder hacia el otro lado del Atlántico. De la Depresión de 1929 se derivó el auge de los fascismos europeos, que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Hoy el poder económico, y enseguida comprobaremos que el político también, se desplaza hacia los países asiáticos, en los que el capitalismo convive con formas de vida y organización social muy alejadas de los parámetros occidentales y de la democracia representativa.

Es famosa la frase de Galbraith según la cual “la única función de las previsiones económicas es hacer que la astrología sea respetable”. Aun reconociendo las dificultades que economistas y políticos tienen en un entorno como este, el escepticismo de las gentes y la poca confianza de los agentes económicos a la hora de contemplar el futuro inmediato tiene mucho que ver con la perplejidad inicial de los expertos ante lo que sucedía y las declaraciones populistas, cuando no demagógicas, de muchos gobernantes, empeñados en que, puesto que el sistema financiero se basa en la confianza y la confianza es precisamente lo que falla, una apariencia de optimismo bastará para devolverla. Pero por mucho optimismo que se le ponga, los acuerdos de Bretton Woods perdieron hace mucho su capacidad para hacer frente a los desajustes de nuestro tiempo. Tampoco el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio responden hoy adecuadamente a las necesidades de una regulación global, sin la cual el sistema mismo no podrá sobrevivir. La reforma de las instituciones internacionales y multilaterales es precisa y urgente, pero no se vislumbra que nada parecido vaya a suceder en el corto plazo.

La idea de que los fallos o defectos del mercado hay que corregirlos mediante la intervención de las autoridades públicas se remonta por lo menos a los trabajos de John Stuart Mill, que con Adam Smith y Ricardo integra la venerada trinidad de los fundadores del liberalismo económico y padres del capitalismo moderno. La suposición de que el mercado se autorregula por sí mismo, a partir de la cual se han derivado los males que hoy padecemos, constituyó el fundamento de las reaganomics y se encuentra en el corazón del pensamiento neoconservador americano que impregnó la gobernación del presidente George W. Bush y contagió el entusiasmo de los líderes de la derecha española, y de no pocos de la izquierda. En sus Principios de economía política, Stuart Mill habla de la necesidad de que el Estado intervenga cuando, y solo cuando, se producen defectos del mercado. Este es un principio muy querido para los gobernantes actuales de casi cualquier signo ideológico y ha sido incorporado desde Keynes a la mayoría de las escuelas económicas. El pánico de 2008 tuvo mucho que ver con los fallos de las instituciones públicas y de los organismos reguladores, es decir, con los fallos de la política, y no solo con los del mercado propiamente dicho. El proceso de desregulación impulsado por los neoliberales potenció los excesos de la economía financiera, alimentados por la creatividad de los inventores de inventos y multiplicados por el uso de las redes informáticas y telemáticas a través de todo el mundo. Pero gran parte de los activos financieros que fueron considerados tóxicos se crearon por los bancos en operaciones fuera de balance y, por tanto, fuera del mercado propiamente dicho. Difícilmente puede hablarse solo de un fallo del mercado allí donde el mercado mismo no existía, o se comportaba de una forma opaca y secreta.

Entonces, si no es solo el mercado, ¿quién tuvo la culpa? La respuesta es sencilla: los reguladores que no regularon; los controladores que no controlaron; los bancos que se implicaron en aventuras financieras de alto riesgo para sus clientes mientras ellos se garantizaban sus comisiones; los especuladores que no encontraron freno de ningún género y… los gobernantes. La eclosión de las hipotecas subprime en Estados Unidos se derivó en parte de las políticas de la autoridad federal, lo mismo que la burbuja inmobiliaria española es también consecuencia de las decisiones de cientos de ayuntamientos de financiarse a través de recalificaciones de suelo, embarcándonos, bajo la dirección y el amparo de los Gobiernos centrales y autónomos, en un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y la consiguiente destrucción de nuestras costas. Muchas comunidades autónomas y las Cajas de Ahorro dependientes de ellas acompañaron, cuando no impulsaron de manera directa, esas políticas. La inflación de activos inmobiliarios es responsable del endeudamiento de nuestras familias, pero también de la escasez de recursos con la que ahora cuentan los municipios para honrar sus compromisos de pago y mantener prestaciones sociales que no tienen cómo financiar. La caída del mercado inmobiliario, todavía no tan estruendosa como sería preciso, afecta ahora a la financiación de las haciendas municipales y a las políticas de abundancia irresponsable que muchas de ellas practicaron.

La economía no existe al margen de la política, y es algo que los ciudadanos de los países democráticos recuerdan tozudamente a sus gobernantes a la hora de las elecciones. Por eso los votantes se han alejado del proyecto europeo: lo han hecho solo después de que el proyecto europeo se haya alejado de ellos. El cambio de modelo económico al que asistimos está caracterizado por las deficiencias de los Estados-nación a la hora de controlar y regular una economía globalizada. Europa hace oídos sordos a los reiterados avisos de que, tras su debilitamiento institucional, constatable a raíz de la ampliación a 27, su capacidad de hacer frente a los problemas de un mundo globalizado no hace sino disminuir. Los Gobiernos europeos procuran inútilmente conjurar la crisis global con soluciones nacionales, mientras el poder internacional se desvanece y licua. A este paso, la Comisión será un órgano eficiente a la hora de determinar el diámetro conveniente de los espárragos en lata, pero la ausencia de una política económica y fiscal, la irrelevancia de su política de defensa y de seguridad, la inexistencia de su política exterior y la sobreabundancia del reinado de los burócratas están acabando con el proyecto que un día alumbraron los fundadores de la Europa Unida.

Muchos Gobiernos decidieron inyectar considerables cantidades de dinero en el sistema para hacer frente a la crisis de forma coyuntural, con lo que ya se sabía que el aumento de los déficits públicos sería imparable. Lo peculiar de la situación es que a corto plazo son precisas medidas que resultan contradictorias con las necesarias reformas estructurales. Ya sabíamos que un prolongado aumento de los déficits públicos acabaría pasando factura a los gobernantes, como sucede ahora en España. En nuestro caso, lo peor es que dicho déficit no ha sido motivado por medidas que contribuyeran a generar empleo o a paliar las carencias del sistema financiero, sino a establecer medidas de protección social imposibles de financiar durante un tiempo prolongado. Ahora descubrimos que, pese a tener los mejores bancos del mundo, como presuntuosamente se propagó a los cuatro vientos, el sistema financiero español está enfermo de gravedad en lo que concierne a las Cajas de Ahorro y que una intervención de algún tipo, un plan de rescate o como quiera llamarse, es más que probable, y quizá inminente. La consecuencia inmediata es que durante 2011 continuará la presión sobre el déficit público y seguiremos padeciendo una sequía considerable en el crédito a las empresas y a los particulares. En semejantes circunstancias las esperanzas de una recuperación en el mercado de empleo son ilusorias. Alemania y otros países europeos han logrado salir de la recesión, pero nuestra economía apenas se va a beneficiar de ello. El presidente del Gobierno declaró el mes pasado que todavía nos quedan cinco años para salir del túnel. Es el primer análisis realista sobre la economía española que se ha permitido hacer a lo largo de esta legislatura.

La reforma de las normas financieras y su vigilancia deben llevarse a cabo internacionalmente y es preciso establecer qué organismos reguladores, con qué facultades e instrumentos coactivos, pueden encargarse de ella. Aunque la idea de un regulador financiero global sea por el momento poco realista, la solución a la crisis pasa por una mayor coordinación de las políticas de regulación y supervisión financiera capaz de traspasar las fronteras. Es imposible mantener una moneda unificada con un solo Banco Central Europeo y desperdigar la supervisión, la inspección y la regulación entre un par de docenas de bancos centrales.

Tras los desastres generados como consecuencia de dejar la economía únicamente en manos del laissez-faire y abandonar la política a la sinrazón de la fuerza, invadiendo países para imponer a sangre y fuego no sé qué tipo de democracia, hay que reordenar el sistema económico en un entorno que recupere los valores clásicos de esta. No es verdad que los mercados tiendan al equilibrio por sí mismos; solo lo harán si están debidamente regulados y si hay una autoridad competente, legítima y reconocida, capaz de hacer cumplir las normas. Y en un mercado global, esa autoridad tiene que ser global también. De hecho, el vacío existente lo están llenando en cierta forma los poderes fácticos emergentes, como el Gobierno chino, comprando deuda de países en dificultades e implementando una política que conduce sutilmente al antiguo Imperio del Centro a practicar un neoimperialismo de corte planetario. Mientras un proceso tan complejo y controvertido se produce, Europa no acaba de aplicarse a sus deberes: ni promueve la convergencia en sus políticas económica y fiscal, ni aborda los problemas energéticos que la acucian, ni prepara soluciones futuras para sectores industriales heridos de muerte en su territorio, mientras renacen en su seno el nacionalismo, el populismo y la xenofobia. Pero, por más esfuerzos que hagan los patrioteros de todas las raleas, el papel de los Estados-nación seguirá siendo importante solo si aceptamos que tiene que ser limitado por el creciente rol de las instituciones internacionales.

Las dos grandes depresiones económicas que la historia moderna ha conocido anunciaron cambios estructurales en las relaciones internacionales y en los modelos de crecimiento. Las nuevas tecnologías y la sociedad de la información están transformando ya desde hace más de una década los modelos económicos. Esta Gran Depresión de 2008 (que en realidad comenzó ya el 2007) marcará la emergencia de China como futura próxima primera economía mundial y el establecimiento en Asia, y en países hasta ahora considerados periféricos o tercermundistas, de muchos centros de poder (económico, político y científico) que antes se ubicaban en nuestra vieja Europa. No pocos de los fundamentos de la democracia, un invento típicamente europeo, se van a ver trastocados en la nueva situación.

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