Carta de Dagoberto Gutierrez al Presidente Mauricio Funes Cartagena

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Dagoberto Gutierrez

Estimado Señor Presidente:

Esta carta surge  entre las hojarascasreverberantes de la coyuntura  y es movida por la necesidad de hablar sobre lo que ocurre, además  de por qué ocurre lo que ocurre.

Usted sabe, tanto  o más que yo, que vivimos tiempos de transformación , de agotamientos de modelos enfermos y de crisis anunciadas, es decir, que vivimos en buenos tiempos porque para una sociedad como la salvadoreña que necesita nuevas raíces y nuevos, no hay nada mejor que los anuncios presionantes de que hay que cambiar lo que es necesario cambiar, hay que conservar lo que es necesario conservar y que aquel o aquellos y aquellas que no huelan en el viento los ramalazos de esos cambios no sabrán, oportunamente, que es lo que hay que apoyar o que es lo que hay que resistir.  En realidad esto no resulta fácil en ningún tiempo y el mejor lugar para entenderlo es desde abajo y desde adentro porque, fíjese señor Presidente, que desde abajo se puede saber que piensa la gente,  que quiere la gente,  que necesita la gente, que acepta y que rechaza la gente,  que es lo que la gente apoya y, esa inteligencia colectiva no siempre se puede captar desde arriba por eso es que  ser gobernante, según dicen los que saben, consiste en ser gobernado y el líder, dicen los más entendidos, es el que es guiado y se deja guiar;  por otro lado la vida por dentro resulta ser una mayor penetración en la realidad, hacia la realidad y ésta, la realidad cuando debe ser transformada hasta se anuncia.

Mire lo que ocurre con ese tema de los partidos, en realidad es todo el régimen montado constitucionalmente en 1983, como Ud. Lo sabe muy bien, el que ha perdido todo cimiento y todo techo y debe, puede y necesita ser sustituido por otro régimen de Democracia Participativa.

La Sala de lo Constitucional, en su casi totalidad, está ofreciendo el único camino,  el constitucional, para remozar, refrescar y oxigenar a la Democracia Representativa y Ud. Sabe,  como lo sabe mucha gente en el país, que una cosa es lo político y otra cosa lo partidario y aquí se trata, estimado señor Presidente, de  defender lo político y la política frente a lo partidario.  Mire que curioso señor mandatario que un partido político no es actualmente un factor que produce política, en todo caso, hace una política en cuyos cristales no se refleja la gente.

La Sala de lo Constitucional con solo cumplir la constitución se ha ganado el apoyo de la sociedad, de abajo y de arriba, de en medio y de los lados y, aún más,  Ud. Sabe que la actual coyuntura ha permitido al pueblo entender, mejor que nunca, que entre la cúpula del partido gubernamental FMLN y la cúpulas de los otros partidos no existen diferencias relevantes,  fíjese Presidente  que la soledad de los partidos los afecta a todos por igual, pero a unos les pesa más la orfandad, porque la coyuntura, al tener varias maromas ha situado al partido FMLN a la derecha de ARENA, aún cuando muchos miembros de ese partido nunca estarán cómodos en semejante depósito, ahora bien  Ud., de repente sin anuncio previo y, sin duda por sus propias razones gubernamentales,   ha aparecido y parecido en las filas de los que se oponen, por múltiples razones a la finalización de la burocracia partidaria y por primera vez Ud. Aparece total, integral, e intestinamente alineado   con el partido que lo hizo candidato presidencial.

En una primera mirada, estimado Presidente, podemos pensar en un viraje que no le asegurará, sin perjuicio de equivocarme, respaldo social ni reconocimiento  porque los cambios anunciados, esperados y soñados, sí serán verdaderos y hasta de verdad, deberán venir de abajo y afectarán a la manera de hacer política, es decir,  al régimen político y para eso, señor Mandatario, resultará imprescindible liberar las energías sociales del control  partidario.
Es cierto que la coyuntura es política y expresa una crisis histórica, nos presenta a una oligarquía venida a menos, víctima de su propia filosofía y estrangulada por la transnacionalización de la riqueza, estos sectores ahora compiten con cúpulas empresariales nuevas  que pueden gozar de las ventajas del control de aparatos públicos.  Todo este tráfago crítico ha de resolverse  y el problema es a favor de quien se va a resolver  porque Ud. Y yo sabemos que ninguna crisis es eterna y su solución depende de las fuerzas e intereses que se muevan en sus aguas.

Su gobierno, señor Presidente, que ya ha corrido dos años, como en un segundo, se encamina hacia su medianía y como nunca antes necesitará de mucha comprensión y apoyo de sus mandantes,  por supuesto, Presidente Funes, que Ud. Cuenta con abundantes razones,  argumentos e intereses para entrar en la casa o salir de la casa de acuerdo a su cabeza política. Lo cierto es que el momento que vivimos tiene un hilo fino que hilvana voluntades, intereses y posiciones que en otros aspectos pueden no coincidir pero ahora se encuentran en la lucha contra una burocracia partidaria que ya casi nadie quiere tener en su mesa de noche. Me imagino que Ud. Tampoco; pero si así fuera está en todo su derecho para dirigir su política, su pensamiento y hasta sus instintos.

El proceso político, siendo objetivo, sigue su marcha indetenible y su gobierno también sigue su marcha hacia sus metas.

Centroamérica, en poder del ‘narco’

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Acusados de tener vínculos con el narcotráfico

Tres acusados de tener vínculos con el narcotráfico esperan a ser juzgados, el pasado 26 de mayo en Guatemala.- SANDRA SEBASTIÁN (EFE)

¿Es Guatemala el primer narcoestado de América Latina? Según los fiscales que luchan contra la impunidad en la zona, si no lo es ya, está a punto de serlo. «Guatemala», explican, «es un país pequeño, con una larga tradición de corrupción y una economía tan débil -la carga impositiva apenas llega al 10% del PIB- que le impide desarrollar políticas sociales«. De tal manera, el espacio que el Estado abandonó fue pasando a manos del crimen organizado. Hasta el propio presidente, Álvaro Colom, lo reconoció hace unos días a este periódico: «Cuando detuvimos al viejo capo Lorenzana, la gente me decía: ‘suéltelo, él nos da plata y trabajo…’. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los Gobiernos anteriores planificaron la entrega del país al narco». Según los fiscales, Guatemala está gobernado por dos redes criminales locales, que tratan de resistir la invasión del cartel mexicano de Los Zetas, que ya se ha hecho -a base de extorsión y muerte- con la zona norte del país.

EE UU compra el 84% de la droga procedente de la región

Hace una semana, y solo unos días después de decapitar a 27 campesinos en Petén, Los Zetas volvieron a matar. Esta vez al auxiliar de un fiscal en Cobán, en el Departamento de Alta Verapaz. «Los dos crímenes fueron muy bien planificados», explica un importante fiscal a este periódico, «se trataba de lanzar sendos mensajes, uno a la ciudadanía y otro a las instituciones. Y doy fe de que el miedo ya está empezando a surtir efecto. Hay fiscales que están renunciando y otros que están pidiendo el traslado a zonas más seguras. Y, por si fuera poco, el Gobierno ha dicho que no puede proteger ni a jueces ni a funcionarios públicos, lo que revela la debilidad del presidente».

Una tarde reciente de domingo, el presidente Álvaro Colom recibió en su despacho una lista con 12 nombres. Doce jueces y fiscales implicados en la lucha contra el crimen organizado y a cuyas cabezas la mafia ya había puesto precio. El presidente llamó a su ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Este valoró el asunto y, unos días después, declaró a la prensa: «El Estado no tiene capacidad de proporcionar un carro blindado a los jueces amenazados». Según el fiscal, el resultado fue nefasto: «Lo que el Gobierno hizo fue poner en la mira a los funcionarios… Tal vez la gente no se está dando cuenta de que en Guatemala, en toda Centroamérica, el narcotráfico está avanzando muy rápidamente. Van a matar a más fiscales, van a matar a más ciudadanos». Al día siguiente, los periódicos de Honduras abrían con la siguiente noticia: «Sicarios matan a jefe de fiscales«.

Ni en Guatemala ni en Honduras ni en Panamá funciona la justicia. Lo que sí funciona y muy bien, según la DEA, es el crimen organizado. Según el jefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense, Thomas Harrigan, se está detectando un incremento sustancial del tráfico hacia Centroamérica de precursores químicos -indispensables para la elaboración de ciertas drogas-, así como de heroína procedente de Sudamérica. Tal y como demuestran las gráficas de la DEA que el presidente Colom mostró a este periódico, el tráfico de avionetas que parten de la frontera entre Venezuela y Colombia y aterrizan en pistas clandestinas de Guatemala, Honduras y Panamá no hace más que incrementarse. También el tráfico marítimo. Según el jefe de la DEA, «los buques de la droga parten desde América Central para abastecer a todo el planeta». Esto es posible, añade, por la corrupción y el ínfimo entrenamiento de las fuerzas policiales. De lo que no habló Harrigan, en su comparecencia ante el Senado, fue de la responsabilidad de EE UU en las calamidades que azotan a Centroamérica.

EE UU no es solo el comprador del 84% de la droga que parte en avionetas o en el fondo de los miles de contenedores que zarpan de Centroamérica, sino también del capítulo más abominable del tráfico de personas. «El tráfico de niños», según los fiscales consultados, «es un negocio que deja en Guatemala unos 200 millones de dólares anuales». La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha logrado enviar a prisión a los principales notarios que amañaban las adopciones. Es la única buena noticia. Lo hacían con la complicidad de funcionarios que utilizaban documentos falsos para encubrir el robo de niños y con tal impunidad que ni se preocuparon en ocultar pruebas. Seguir su rastro es fácil. Lo difícil es encontrar jueces valientes como para arriesgar su vida enviándolos a prisión.

 

Dagoberto Gutiérrez: Funes no es un buen presidente para los burgueses… y para los pobres, menosDagoberto Gutiérrez: Funes no es un buen presidente para los burgueses… y para los pobres, menos

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Casa Presidencial ha dicho que el jet privado en el que el presidente Mauricio Funes fue a Disney World con su familia fue un préstamo de un empresario amigo del mandatario y de su gobierno

 por Otto Morán
El reconocido político salvadoreño Dagoberto Gutiérrez, uno de los dirigentes del ala de pensamiento de izquierda más radical en El Salvador analiza los más recientes hechos en los que se vio envuelto el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, al viajar con su familia en un jet privado hacia Disney World, un avión del que Casa Presidencial solo ha dicho que es propiedad de “un empresario amigo del Presidente”.

¿Qué opina de lo sucedido, luego de que DIARIO LA PÁGINA diera a conocer fotografías del viaje familiar del presidente Mauricio Funes en un jet supuestamente prestado por un amigo empresario?

Yo no tengo una visión exacta de los hechos exactos, porque no los conozco, lo que yo conozco es un viaje presidencial con su familia a un determinado lugar en los Estados Unidos, un viaje de vacaciones, eso es todo.

Lo que ocurre es que se trata del presidente de la república y aparte de que la separación entre lo público y lo privado es artificial, en este caso la separación entre lo público y lo privado es irreal; el presidente es un hombre público, su cargo es un cargo público y parece lógico que un viaje en esas circunstancias y en las circunstancias actuales del país, provoque por lo menos preguntas.

Yo entiendo que las preguntas son de fácil respuesta para el presidente. En la medida que el presidente no responda le da a esto una secretividad que no debería tener, porque es un viaje de vacaciones nada más.

Lo mejor que el presidente puede hacer es contar todo como fue, y no sorprenderse porque los ojos de la gente estén puestos sobre él, si es el presidente de la república.

¿La Asamblea Legislativa debe tomar protagonismo sobre el tema?

Organizar un viaje de esos en un avión privado parece normal en gobiernos de derecha y en presidentes de derecha, probablemente en esas circunstancias la derecha no pida cuentas: este es un gobierno de derechas y Mauricio es un presidente de derechas, su política es de derechas, pero una parte de la gente lo mira como de izquierdas, y una parte de las cúpulas empresariales también lo ve como de izquierda.

Es esperable que un gobierno de izquierdas se comporte como un gobierno de izquierdas y un gobierno de derechas se comporte como un gobierno de derechas, ante esta coyuntura el presidente se está comportando como un presidente de derechas, lo cual me parece correcto, porque va con el contexto.

Sin embargo, si este es un viaje privado, si un amigo le prestó un avión o se lo alquiló, el problema político es ¿qué significa eso con relación a las políticas gubernamentales si lo público y lo privado no tiene fronteras? Esta es una pregunta política válida, y por eso es importante que el presidente hable de esto como una cosa natural, porque si él lo rodea de misterios, dará origen a especulación.

Es legítimo especular, sobre todo en una sociedad en donde no hay información, esa es la base de la especulación, al igual que el “chambre”, esa información popular en ausencia de la información oficial.

¿Qué implicaciones trae consigo esto?

Una cosa de estas, aparentemente es algo de la vida privada, pero no de la íntima, entonces debe ser transparente, tratándose del presidente sobre todo. Esto es un test sobre transparencia. ¿Hay cosas ocultas aquí? No, probablemente no. ¿Cosas indebidas? No, probablemente no. Pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas, por eso se ha inventado la transparencia.

Todo esto es entre derechas, es una derecha y otra derecha y todo se hace al estilo de las derechas, porque todavía la sociedad no sabe cómo es un gobierno de izquierdas, eso está pendiente.

El FMLN no ha querido decir nada oficial al respecto.

De las izquierdas ninguna izquierda está en el gobierno, pero de ellas hay una que es gubernamental, que no es lo mismo que ser del gobierno.

No es deber de nadie pedir explicaciones al presidente, pero podría hacerse, pero todo está en manos de la conducta del presidente Funes.

El FMLN tiene una relación muy estrecha con el aparato de Estado, más estrecha que la que tiene con la gente, porque para el partido FMLN la gente solo son votantes, pero tampoco el partido tiene una relación estrecha con el presidente ni viceversa, esto es una tragedia griega. Esto más se asemeja a cuando Agamenón mata a su hijo, Clitemnestra mata a Agamenón y el hijo de Agamenón mató a Clitemnestra, es una oriestíada griega.

¿Es ético que el presidente de la república acepte regalos de este tipo?

Es un paso civilizatorio que se hable de ética gubernamental, porque hasta ahora la ética y la moral han estado referidas al ámbito individual, uno es ético o moral según así lo decida uno mismo.

Cuando se habla de ética gubernamental es un paso hacia adelante. Ahora ¿la conducta política de un funcionario se mide por su valor ético? No, mucho menos si los funcionarios son maquiavélicos. Maquiavelo no incluía la ética en la política, es que en ese momento no se conocía mucho sobre la ética, es una reflexión que vino después.

Aquí en este caso, estamos hablando de una reflexión política, estamos hablando de una conducta política, habida cuenta de que se trata del presidente de la república, y que la sociedad tiene el deber de permanecer alerta sobre todas estas cosas, sobre todo en un momento en donde Estado es instrumento del mercado y el mercado es el rey y el Estado es el siervo.

La pregunta de si es ético es compleja, porque el ladrón que le roba un cordón a una señora en una parada de buses y sale corriendo con el cordón en la mano tiene ética; el banquero que deja en la calle a un ser humano tiene ética, todos los seres humanos tenemos ética.

El asunto es cuál es la ética de cada quién, hay un choque de éticas ¿Es ético que una empresa destruya un bosque y deje a la gente sin agua, sin oxígeno para hacer el negocio de la vivienda? Para el capitalismo sí lo es, pero para los seres humanos que pierden su bosque, su oxígeno ¿es ético? No lo es; hay choque de las éticas.

¿La conducta del presidente es la misma mostrada públicamente hasta antes de ser presidente?

Las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia ¿Mauricio era un buen periodista? Sí ¿Es un buen presidente? No ¿Es culpa de él? No, para los burgueses no es un buen presidente, para los pobres menos; pero sí era un buen periodista, y es que no hay quien sea bueno para todo. La sabiduría de la vida consiste en saber para qué es bueno uno.

Además, se trata de vivir como se piensa, y no de pensar como se vive, hoy Mauricio vive como piensa o piensa cómo vive, el ya no es periodista, hoy es presidente, pero ese es un cargo temporal, y esto probablemente afecta su condición de periodista, es una decisión en serio muy complicada.

¿Qué debe hacer el presidente para aclarar la situación?

No hacer cosas buenas que parezcan malas, ni hacer cosas malas que parezcan buenas.

En la medida en que cada quien es dueño de las decisiones personales, el presidente puede hacer lo que quiera cuando él así lo decida, no por ser presidente, sino por el hecho de tener la potestad de su vida como cualquier otra persona.

Yo creo que él va a dejar que se sigan construyendo más historias, así va a hacer.

Funes no cree que el modelo de Chávez funcione en El Salvador

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MAURICIO FUNES

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró que el modelo económico y social conocido como “socialismo bolivariano” que preconiza su homólogo venezolano, Hugo Chávez, “funciona en Venezuela, si es que funciona, pero no en El Salvador”.

En una entrevista publicada hoy por el vespertino francés “Le Monde”, el dirigente salvadoreño puntualizó que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que lidera “permanece cercano a Venezuela y a Cuba”, pero matizó que su partido “ha sabido mostrar realismo y pragmatismo para adaptarse a la vida democrática”.

“El modelo cubano no podría ser adoptado aquí (en El Salvador) mientras que La Habana lo está reformando porque ya no es viable”, agregó.

Funes, que recibe hoy la visita de Barack Obama, dijo que los latinoamericanos “se equivocan al reprochar” al presidente de Estados Unidos que no haya aprobado aún la reforma migratoria, ya que ésta depende del Congreso y mostró su deseo de que pronto haya un acuerdo bipartito para sacarla adelante.

El presidente, electo en 2009, celebró, en cambio, que Washington haya prolongado el estatus de residente temporal (TPS) para inmigrantes en Estados Unidos hasta el 9 de marzo de 2012, una medida que sí que depende del Ejecutivo estadounidense, subrayó.

Funes reconoció que los gobernantes de la región no pueden sustraerse a la responsabilidad de aprobar reformas estructurales capaces de reducir los flujos migratorios.

Para ello, el presidente salvadoreño indicó que cuenta con promocionar “la agricultura y la ganadería, que absorben mucha mano de obra” al tiempo que recordó su plan para transformar 350.000 explotaciones familiares destinadas al consumo propio en unidades productivas orientadas hacia el mercado interior y la exportación.

El presidente también se refirió a la violencia en el país, que cuenta con la tasa de homicidios más elevada de América Latina, “con entre 18 y 20 asesinatos por día”, y afirmó que la solución al crimen organizado “no es un Estado carcelario sino un Estado social”.

Aún así, Funes dijo apostar por “los servicios de inteligencia y la infiltración en las bandas”, para lo cual construyen con la ayuda de Estados Unidos un centro de escuchas telefónicas, autorizado por una reforma constitucional.

La corrupción policial es otro de los problemas del país, según el mandatario, quien señaló que desde su llegada al poder se ha despedido a un centenar de policías y suspendido a 300 que son investigados por este motivo.

Además, destacó el esfuerzo de profesionalización de los cuerpos de seguridad con medidas como la creación de un laboratorio de investigaciones criminales en el país.

Fiscales se anotan victoria en juicio contra Posada Carriles

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jtamayo@elnuevoherald.com
EL PASO, Texas

Los fiscales en el juicio de Luis Posada Carriles se anotaron una victoria clave el jueves, al obtener permiso para presentar como evidencia un fax que muestra a Posada como el organizador de una serie de atentados con bombas en centros turísticos cubanos,

El fax da algunos detalles financieros sobre la ola de bombas y advierte a los coconspiradores de Guatemala que no recibirán más dinero a menos que haya más publicidad por las explosiones.

Esta es la única evidencia documental que vincula al militante anticastrista de 83 años con la ola de bombas de 1997 en hoteles y un restaurante cubanos que causaron la muerte de un turista italiano.

La jueza federal de distrito Kathleen Cardone se había negado anteriormente a permitir que los fiscales presentaran el fax como evidencia durante el juicio de 10 semanas, porque los fiscales no habían podido autentificarlo.

En una victoria para los fiscales, sin embargo, Cardone lo permitió el jueves después que la periodista del New York Times, Ann Louise Bardach, testificó que ella lo había discutido repetidamente con Posada cuando lo entrevistó en 1998.

El fax fue enviado supuestamente por Posada en El Salvador a sus contactos en Guatemala, enumerando envíos de dinero de exiliados cubanos de Nueva Jersey y referencias a los ataques con bombas.

Fue firmado como «Solo», uno de los seudónimos que, según se sabe, han sido usados por Posada. El nombre fue tomado del personaje principal de un programa de TV favorito de Posada en los años 60, Napoleon Solo, el espía del programa The Man from U.N.C.L.E.

Cardone dictaminó que los fiscales podían presentar el fax como evidencia después de una sesión que duró toda la mañana, sin la presencia del jurado, interrogando y contrainterrogando a Bardach.

Bardach fue coautora de varios artículos de 1998 en el New York Times sobre actividades violentas de exiliados cubanos contra el gobierno cubano, incluyendo la serie de bombas en 1997.

El abogando defensor, Arturo V. Hernández, tratando de impugnar la validación del fax por parte de Bardach, reveló en lo esencial su línea de ataque cuando contrainterrogó a la periodista sobre su amplio testimonio.

Hernández le preguntó repetidamente a Bardach si Posada había reconocido «explícitamente» en algún momento de la entrevista que él escribió el llamado «Solo Fax’.’

«Posada no habla de una manera explícita y directa. No estaba haciendo declaraciones atrevidas», replicó Bardach. «No creo que haya sido muy explícito».

Cintas grabadas de la entrevista que fueron reproducidas en la sala del tribunal, mostraron que ella le preguntó repetidamente a Posada sobre el fax que «usted escribió». Posada confirmó que lo había firmado y nunca negó haberlo escrito, pero no declaró directamente que lo escribió, según las grabaciones.

Se espera que Hernández impugne a Bardach sobre la naturaleza «explícita» de los comentarios de Posada cuando comience a contrainterrogarla sobre la parte principal de su testimonio, el viernes o en algún momento de la semana que viene.

Bardach escribió en el Times que durante su entrevista Posada «admitió con orgullo la autoría de los ataques con bombas» como «actos de guerra destinados a dañar a un régimen totalitario privándolo del turismo y las inversiones extranjeras».

La periodista es un testigo clave de la fiscalía sobre los cargos más serios encarados por Posada: que cometió perjurio cuando les negó a agentes estadounidenses de inmigración, bajo juramento, que le confesó a ella su papel en las explosiones en Cuba. También encara cargos de mentir sobre cómo logró entrar en Estados Unidos en el 2005, y acerca de cómo tenía un pasaporte guatemalteco.

En su declaración de apertura en enero, Hernández dijo que argumentaría que Posada nunca asumió explícitamente la responsabilidad por las bombas durante la entrevista con Bardach, y que nunca mintió realmente bajo juramento a los agentes de inmigración.

Esa defensa ha sido comparada con la del ex presidente Bill Clinton cuando éste describió su relación con la interna de la Casa Blanca Monica Lewinsky diciendo que él «nunca tuvo sexo con esa mujer».

Posada ha afirmado que le mintió a veces a Bardach, y uno de sus comentarios en las grabaciones lo muestra tratando extrañamente de decir la verdad sobre una de sus mentiras.

«No es verdad lo que le voy a decir», dice, antes de afirmar que vive de las ventas de su autobiografía. El dinero para el libro, que fue publicado por su propia cuenta –parece estar diciendo– provino realmente de donaciones para sus actividades anticastristas.

Bardach también testificó el jueves que Posada accedió a la entrevista con ella porque estaba enojado con un artículo de The Miami Herald sobre sus actividades, y quería más atención de los medios sobre las bombas en Cuba, con el fin de desbaratar la industria turística de la isla.

Los periodistas extranjeros en La Habana supieron primero de las explosiones, pero no las reportaron durante varias semanas. Las autoridades cubanas no las confirmaron hasta que arrestaron a uno de los terroristas, el ciudadano salvadoreño Ernesto Cruz León.

«Su lamento fue que ellos no estaban recibiendo suficiente publicidad por su campaña», testificó Bardach. «Me parece que pensó que el New York Times es lo mejor posible en los medios informativos».

Durante la entrevista, añadió, ella le dijo: «usted va a recibir ahora una gran publicidad».

Encuesta Analítika Research & Marketing: Salvadoreños consideran sacrificable la democracia

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En un país con un historia de dictadura militar y refundado en democracia apenas hace 19 años, casi la mitad de sus habitantes están dispuestos a respaldar que los militares depongan un gobierno democrático si eso contribuye a resolver sus problemas. Es uno de los hallazgos de la encuesta a nivel nacional de Analítika Research & Marketing.

Ricardo Vaquerano

elfaro.net / Publicado el 2 de Febrero de 2011

Solo una séptima parte de los salvadoreños valora la democracia como el sistema de gobierno preferible sobre cualquier otro, mientras que casi la mitad dicen que estarían dispuestos a apoyar un golpe militar si el país siguiera sin resolver sus problemas económicos y de seguridad pública.

Esos son dos de los hallazgos de una encuesta a nivel nacional realizada con el propósito de averiguar cuánto aprecian los salvadoreños su democracia en relación con las demandas de la población. La información, recogida por la empresa Analítika Research & Marketing entre el 8 y el 13 de noviembre pasados, por medio de mil 200 entrevistas válidas, tiene un margen de error de +-2.8 puntos.

La investigación, producto de una alianza entre Analítika, el programa Sin Su Permiso y El Faro, evidencia una amplia disposición de los salvadoreños de 15 años o más a considerar la posibilidad de respaldar gobiernos autoritarios si no ven resueltos sus problemas de seguridad pública y económicos. Incluso manifiestan estar dispuestos a dar su apoyo a que los militares sustituyan a un gobierno elegido democráticamente (ver gráfico Golpe militar).

La encuesta incluyó entre las personas consultadas a aquellas que votaron en la presidencial de 2009 –el 60% de los entrevistados dijo que fue a votar el 15 de marzo de 2009- y que por lo tanto ya vivieron la “transición” de un gobierno de derechas a uno de izquierdas. Y también inicluyó a aquellas que tendrán edad para votar en la presidencial de 2014.

Cuando a los entrevistados se les preguntó si estarían dispuestos a apoyar que los militares tomaran el poder en reemplazo de un gobierno democrático si persisten los problemas económicos y de seguridad pública, un 45.6% respondió afirmativamente. Dado el margen de error de +-2.8 puntos, la diferencia entre quienes respondieron sí y quienes respondieron negativamente (49%) no es significativa.

El Salvador es un país que sufre epidemia de homicidios prácticamente desde el fin de la guerra, y el problema, lejos de resolverse, se ha ido agudizando a lo largo de los años. En el área económica, el nivel de pobreza subió por lo menos unos 7 puntos durante el gobierno de Antonio Saca y ahora que está terminando la crisis económica mundial El Salvador es de las naciones que más lentamente se recuperan.

Los salvadoreños, a pesar de que apenas en 1994 pudieron acudir libremente a las urnas, 17 años después consideran un bien sacrificable el de la democracia. Cuando a los entrevistados se les mostró una tarjeta con tres opciones y se les pidió que eligieran la que refleja mejor lo que creen, ocho de cada 10 declararon que la democracia es prescindible. Entre estos están la gran mayoría (72.3%) que dijeron que no importa el tipo de gobierno si este contribuye a resolver los problemas de la gente, y los que admitieron que en algunas circunstancias puede ser preferible un gobierno autoritario (7.3%). Los partidarios insobornables de la democracia fueron nada más el 14.2%. (ver gráfico Democracia devaluada).

¿Y qué circunstancias podrían ser esas que llevarían a la gente a apoyar un gobierno autoritario? A esta interrogante dan respuesta otros de los hallazgos de la encuesta. La encuesta preguntó qué alternativa de gobierno estarían los entrevistados a considerar en busca de solución a sus problemas. De entre seis opciones de respuesta, una quinta parte escogió dos que muestran su disposición a considerar como alternativa gobiernos no democráticos. De este 20%, 11.1% dijeron que valorarían un gobierno militar y un 8.8% que considerarían un gobierno civil autoritario (ver gráfico Gobernantes autoritarios).

La misma pregunta permitió obtener indicios de qué puede haber detrás de estas muestras de insatisfacción con la democracia, porque un 14.2% respondió que no cree que los políticos le resuelvan los problemas.

A esa respuesta se puede enlazar una serie de hallazgos que ilustran por qué la democracia no es un bien muy preciado por los salvadoreños: aunque la gente parece considerar las elecciones como una herramienta útil en su vida, tampoco las ven como la gran esperanza.

Seis de cada 10 salvadoreños consideran que ir a las urnas es mucho o algo útil para resolver sus problemas. Dos más de cada 10 las consideran poco útiles y solo un 19% piensa que son completamente inútiles (ver gráfico Utilidad de las elecciones).

Las mujeres (61.1%) más que los hombres (58.7%) tienen la convicción de que las elecciones son mucho o algo útiles. También lo creen el 65.1% de los entrevistados con rango de edad entre 25 y 35 años, y más los habitantes urbanos (61.4%) que los rurales (57.3%). Entre los jóvenes de 15 a 24 años, dos de cada tres (61.5%) también creen que las elecciones son mucho o algo útiles.

Estas proporciones son muy similares a la de salvadoreños habilitados para votar que acudieron a las urnas en 2009. En la elección presidencial del 15 de marzo hubo un récord de 62% de asistencia, y un porcentaje ligeramente menor emitió el sufragio. También son similares al 60% de entrevistados que dijeron que acudieron a votar hace dos años.

En el campo ideológico, los más convencidos de que los comicios son útiles son los de izquierda (71.2%) y los menos convencidos los que se dicen de centro (56.3%).

Los más escépticos de todos, los que menos utilidad le ven a las elecciones son los entrevistados en el rango de edades entre 51 y 64 años (44.6%)

En cuanto a los que fueron a votar en la elección presidencial de 2009, cerca de la mitad expresaron que lo hicieron porque buscaban con eso generar una transformación (ver gráfico Esperanza en las elecciones).

Si hay ese entusiasmo, entonces, ¿por qué, solo un 14.2% de los entrevistados dijo que la democracia es el sistema preferible cualesquiera sean las circunstancias?

Analítika también preguntó  a los salvadoreños si les basta con ir a las urnas y una vasta mayoría respondió que les gustaría ser consultados en otras decisiones importantes para el país (75.9%), no solo sobre quiénes quieren que sean sus gobernantes (ver gráfico Deseo de ser consultados). Más o menos esa misma vasta mayoría (72.2%) dijo que los gobernantes no los toman en cuenta después de ser elegidos (ver gráfico Ignorados por los gobernantes).

Al menos desde hace una década, diversidad de encuestas muestran que la clase política -particularmente los partidos políticos y la Asamblea Legislativa-, están en el fondo de los ránkings de credibilidad y de generación de confianza entre la población. La gente suele creer que los políticos se dedican más a velar por sus propios intereses que por el bien de la población.

A los entrevistados se les consultó qué es lo que más lamentan de los políticos y se les mostró una tarjeta con una lista de cuatro posibles respuestas. La gran mayoría respondió que lo que más les duele es que incumplan sus promesas o que sean corruptos (ver gráfico Demagogia y corrupción).

El incumplimiento de promesas fue la opción más mencionada, aunque entre los que se dicen de izquierda la corrupción (40.3%) es un pecado más grave que incumplir promesas (33.7%). Por el contrario, entre los de derecha el incumplimiento de promesas (49.4%) pesa mucho más que la corrupción (27.4%).

 

 

 


 

FICHA TÉCNICA:

Universo: Salvadoreños residentes en zonas urbanas y rurales del país
Cantidad de entrevistas: 1,200
Error muestral: +-2.8%
Nivel de confianza: 95%
Entrevistados: hombres y mujeres de 15 años o más
Período de entrevistas: 8 al 13 de noviembre de 2010
Entrevistas zona urbana: 64.83%
Entrevistas zona rural: 35.17%
Entrevistados hombres: 46.17%
Entrevistadas mujeres: 53.83%
Edad de entrevistados: 15-24 años 28.58%
25-35 años 24.58%
36-50 años 24.67%
65 o más 9.83%
Perfil de estudios: Sin estudios 9.92%
primaria 23.08%
básica 22.33%
bachillerato 30.25%
universidad incompleta 7.33%
universidad completa 7.08%
Ideología de entrevistados: izquierda 29.4%
centro 41.5%
derecha 29.1%
Casa encuestadora: Analítika Research & Marketing
Director casa encuestadora: Mario López

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ruta de un nuevo pacto fiscal

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En la ruta de un nuevo pacto fiscal
José Barrera

El fisco salvadoreño busca la fórmula que le garantice subir la carga tributaria con relación al PIB. La tarea según FUNDE debe pasar por la aplicación de un pacto fiscal.

Subir la carga tributaria sin subir las tasas es uno de los mayores dolores de cabeza de la administración del presidente salvadoreño Mauricio Funes. La gestión ya ha movido algunas piezas para completar un rompecabezas que permitiría que El Salvador siga invirtiendo sin la necesidad de incrementar la deuda. Sin embargo, la recesión de la economía (que ya acumula más de 20 meses con saldos negativos) es un poderoso bloqueo para las primeras iniciativas.

En los últimos dos años la carga tributaria reportó una caída de casi un punto porcentual del PIB (hasta 13.1%) como resultado de la baja de la actividad económica y de menores ingresos en impuestos claves como renta, IVA e importaciones.

En contraste, se mantiene una tendencia al alza del gasto corriente y el déficit fiscal (5.5%) y un deterioro en la capacidad de pago de la deuda con fondos propios, pasando de -0.7% en 2008 a -3% en 2009 (incluyendo pensiones).

Ante un panorama cada vez más complicado la respuesta del Ejecutivo del primer partido de izquierda en el poder fue aplicar una nueva reforma fiscal que pasa por ajustar las tasas a licores, al sistema financiero, vehículos y otras áreas que tras intensos debates en la Asamblea Legislativa vieron recortados sus metas de recaudación.

El proyecto pretendía inicialmente recuperar alrededor de $250 millones, pero tras los cabildeos en la Asamblea las previsiones se recortaron a $150 millones.

El escaso margen de maniobra prácticamente está poniendo como gran solución la ampliación de la base tributaria con la inclusión del comercio informal, un rubro que crece año con año y del cual el Gobierno Central no tiene estudios recientes.

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), considera que ampliar la base no es un plan sencillo y adelanta que crear un mecanismo eficiente para recuperar tributos de un sector disperso podría tomar más de un año.

En 1998, un estudio del Ministerio de Economía determinó que en el país habría unos 40,000 microempresarios. Se estima que la cifra ha crecido en los últimos 12 años, pero nadie se atreve a hacer un cálculo sobre este amplio abanico de negocios y su aporte al PIB.
Alexander Segovia, secretario técnico de la Presidencia de la República, sostiene que la administración planea un pacto fiscal y deja entrever la necesidad de ampliar la base tributaria mediante la inclusión de los informales, pero agrega que esto se definirá mediante el diálogo en el seno del Consejo Económico y Social (CES), ente que también trabaja en la articulación del plan quinquenal de inversiones del Estado y que se espera se presente este mes (abril).

Armando Arias, presidente de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM), apoya la idea de buscar la sostenibilidad fiscal y apoya la idea de una nueva era de reformas que garanticen el flujo de dinero hacia las arcas estatales.

“Creo que en el empresariado estamos a tiempo de hacer la reforma en general, no objeto la (primera etapa de la) reforma como tal, estuvimos de acuerdo que se necesitaban fondos y que estos los obtuviera el Gobierno, la discusión era como se conseguían los fondos porque un tema que decimos es que hay necesidad de ampliar la base de contribuyentes, hay un sector importantísimo de la economía informal que no paga impuestos y creemos que todos debemos pagar, el tema no fue el empresariado opuesto a la reforma sino que discutió cómo conseguir los fondos”, sentencia el representante gremial.

El tema de la carga tributaria parece tomar protagonismo en la región. En su última reunión en San Salvador los presidentes Mauricio Funes, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala y Porfirio Lobo, de Honduras, acordaron elevar la recaudación.

“La carga tributaria de nuestros pueblos es sumamente baja comparada con la de otros países. Nosotros no llegamos ni al 14% del PIB y no somos viables en los próximos años sino aumentamos nuestra carga tributaria cerca de un 17% y 18% del PIB”, enfatizó Funes.

El mandatario considera que la región tiene una tarea pendiente (de incrementar la recaudación fiscal) y reconoció que ese fue uno de los temas en la reunión con la Secretaria de Estado Hillary Clinton. “Se acabaron los tiempos en los que nosotros vamos a Estados Unidos a pedir que hagan parte de la tarea que nosotros no hemos hecho en todo este tiempo”, finalizó.

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Cerca de medio millón de hogares hay en los asentamientos urbanos precarios identificados en el Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social que elaboraron PNUD y Flacso, y que fue hecho público este miércoles. El estudio debería ser un punto de partida para diseñar y vigilar la ejecución de programas sociales del gobierno nacional y las municipalidades.

Rodrigo Baires Quezada// el faro.net

Un poco más de dos millones de salvadoreños viven en asentamientos urbanos precarios (AUP), según revela el Mapa de pobreza urbana y exclusión social, presentado este miércoles por Facultad Latinoamericana de estudios sociales (Flacso) El Salvador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según explicaron Carlos Ramos, director de Flacso, y William Pleitez, coordinador del área de desarrollo humano del PNUD, el mapa se elaboró a partir del cruce de la información que recogió el censo de población y vivienda de 2007. Con base en indicadores de marginalidad residencial, exclusión social y estratificación socioeconómica, el estudio hace una cartografía de la pobreza urbana en El Salvador por primera vez en la historia.

El documento identifica 2 mil 508 AUPs en 237 de los 262 municipios del país, en los que se concentraban 495 mil 981 hogares y dos millones cinco mil 681 personas. De ellos, un poco más de la mitad tienen índice de precariedad extremo y alto. 486 AUPs tienen un índice de precariedad extremo y 789, alto.

Según Carlos Ramos, parafraseando a Carlos Briones -quien fue encargado del proyecto y que falleció el año pasado pocos meses antes de su finalización-, “ahora, desde el Estado no hay excusa para no actuar”.

En este punto coincidió William Pleitez: “Sentimos que la creación de esta herramienta es como el punto de partida hacia la construcción de un indicador de pobreza más integral y más útil, tanto para formular como para evaluar y monitorear las políticas sociales”.

El presidente de la República, Mauricio Funes, quien recibió una copia del estudio, aseguró que el fenómeno de la pobreza urbana, desde el inicio de su gestión, “ha merecido (…) un tratamiento específico con la puesta en marcha del programa  comunidades solidarias urbanas”.

En agosto de 2009, el gobierno salvadoreño anunció la realización de proyectos pilotos en Ahuachapán y San Martín, dos municipios donde hay 45 de los mil 275 APUs con mayor incidencia de hogares en precariedad extrema y alta. “El programa se ampliará próximamente a 25 municipios más de todo el país, precisamente municipios identificados en este mapa de pobreza como de alto riesgo”, dijo Funes.

Esta primera fase, según dijo el mandatario, pretende beneficiar a 40 mil jóvenes y mujeres jefas de hogar con un bono de 100 dólares mensuales, programas de formación y capacitación, servicio de nutrición y salud, obras de mejoramiento integral y acciones integrales para la prevención de la violencia y la delincuencia. “Como decía también Carlos Briones, ya no hay excusa para no focalizar y para no atender a los sectores que más necesitan de la intervención del gobierno”, dijo Funes.

¿Dónde debería darse esta intervención? Según explicó Pleitez, si bien el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus áreas de influencia concentran la mayor parte de hogares y población que vive en AUPs, la mayor proporción de asentamientos en situación de precariedad extrema y alta (el 94.7%) está concentrada en centros urbanos alejados del Gran San Salvador. «La marginalidad tiende a ser mayor en la medida en que se aleja del área metropolitana de San Salvador”, dijo Pleitez.

El sentido de esa situación lo dan las posibilidades de un mejor acceso a agua potable, a servicios de saneamiento, a educación y a oportunidades laborales en la medida en que se está cerca del Gran San Salvador, que es el motor económico del país y donde se ha concentrado históricamente la inversión pública y privada. “Vivir en un asentamiento urbano precario del área metropolitana, con todas las carencias y exclusiones que generalmente lo acompañan, supone algún tipo de ventajas a las de habitar en un AUP en el interior del país”, dijo Pleitez.

Uno de los hallazgos de la investigación es que el AUP con mayor concentración de precariedad en el Gran San Salvador está ubicado en el municipio con mayor nivel de desarrollo humano del país, que es Antiguo Cuscatlán. Los Mangones es un conjunto de 62 hogares cercano a la urbanización Santa Elena, en el que la totalidad de hogares tiene dos o más de las carencias que indican precariedad.

Pero el mapeo sólo sería un primer paso. Al estar basado en la boleta del censo de población de 2007, aquellos indicadores que no fueron tomados en cuenta en ese momento no fueron incluidos en el estudio. Ese es el caso de indicadores como legalidad de la tierra, salud pública, pobreza de ingresos y violencia. “Sí hubiéramos tenido en el censo algún tipo de información sobre esto, obviamente la herramienta se fortalecería. Ahora, para determinar esto se tendría que ir a pie, comunidad por comunidad”, dijo Pleitez.

¿Cuál es el siguiente paso? “Ir a los diferentes asentamientos en los que se quiere trabajar y, por ejemplo, a ver cuál es la situación seguridad jurídica de la tierra, que en este caso es una variable crucial. ¿Si no existe esta? El desafío inmediato podría ser la capacitación de la población que ahí vive y no el mejoramiento de infraestructura de los barrios, por ejemplo. Sí se pueden hacer algunas cosas, mientras se buscan soluciones factibles para realizar el resto”, sostuvo Pleitez.

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Por Saúl Díaz Ortiz (*)

El pacto fiscal no es un instrumento reciente, en América Latina se han venido utilizando desde la década de los 90´s

SAN SALVADOR – De acuerdo al artículo “El Pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pacto fiscal es “un acuerdo político explícito o implícito de los distintos sectores sociales sobre qué debe hacer el Estado, ayuda legitimar el nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento”. En este sentido, es difícil estar en desacuerdo con la intención de coincidir en cuanto a la cantidad, destino y origen de los recursos que el Estado debe tener para cumplir con los objetivos de desarrollo de un país.

El pacto fiscal no es un instrumento reciente, en América Latina se han venido utilizando desde la década de los 90´s teniendo aciertos y desaciertos como cualquier herramienta de carácter político.

En Chile durante los 90´s se llegó a un exitoso pacto fiscal que otorgó los recursos para financiar programas sociales que redujeran la pobreza y contribuyeran al desarrollo del país. En esa ocasión la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de partidos políticos de centro-izquierda), tomó el liderazgo y consiguió acordar con representantes de toda la sociedad llevar a cabo una reforma fiscal que involucró principalmente al IVA y al impuesto sobre la renta.

En Brasil, un pacto fiscal implícito ha permitido que este país posea una de las mayores cargas tributarias (proporción de ingresos tributarios en relación al Producto Interno Bruto) de toda América Latina. Sin embargo, de acuerdo con E. Lora en su texto “El futuro de los pactos fiscales en América Latina”, la complejidad y alto nivel de burocracia del sistema fiscal brasileño (con discusiones entre gobiernos federales, estatales y el ramo legislativo) no ha permitido llegar a un pacto fiscal explícito que derive en una reforma fiscal integral que pueda otorgar todos los recursos que puedan generar el gasto público necesario para ejecutar ciertos programas dirigidos hacia la clase media de Brasil.

En Centroamérica ha habido dos experiencias con resultados parciales, una se ha dado en Guatemala en donde los Acuerdos de Paz de 1996 estipularon incrementos en el gasto público y en la carga tributaria. A pesar de esto, no se establecieron los mecanismos de negociación para determinar cuál sería el camino a seguir en la consecución de dichas metas. Luego de los Acuerdos de Paz han existido diversos esfuerzos en establecer un pacto fiscal que entregue ese camino a seguir pero aún no se han dado los resultados políticos necesarios.

La otra experiencia ha sido en Costa Rica, en donde se han intentado llegar a acuerdos fiscales sin éxito debido a que al parecer, la sociedad costarricense ha perdido la confianza en los mismos. Esto se debe a que varias administraciones han realizado debates públicos cuyos acuerdos han sido bloqueados por el Congreso o por la sala de lo constitucional de ese país.

En este sentido, se puede ver que los pactos fiscales no son exitosos por sí mismos, sino que deben tomar en cuenta muchos factores para poder concluir en acuerdos sostenibles y que dibujen el camino para lograr dichos acuerdos.

Dentro de muchos textos se describen ingredientes necesarios para que un pacto fiscal sea fructífero, en esta parte del artículo trataré de describir los componentes que personalmente creo deben ser tomados en cuenta para la realización de un pacto fiscal en El Salvador:

– Liderazgo político claro: En este caso el Presidente de la República debe tomar la batuta y guiar toda la discusión necesaria para obtener un pacto fiscal, se debe recordar que esta es una herramienta política y el líder es el que debe encargarse de dirigir todas las fuerzas de la sociedad hacia un mismo camino.

– Inclusión, en cuanto sea posible, de todas las instituciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa: Si se toma en cuenta que los diputados en el congreso tienen la potestad de tomar muchas de las decisiones en cuanto a los ingresos y egresos del Estado, los partidos políticos deben escuchar y opinar sobre cuáles serán los mecanismos para financiar el gasto público necesario para el desarrollo del país.

– Participación de la sociedad civil en su conjunto: además de la clase política debe tomarse en cuenta con igual importancia la opinión de Universidades, tanques de pensamiento, empresa privada y organizaciones civiles. Este debate debe ser preciso y de altura para evitar reuniones en donde lo más relevante sea el momento del “coffee break”.

– El pacto es un acuerdo no necesariamente unánime: no debe esperarse que todos coincidan exactamente en un punto para poder dar por terminado el tema. Se debe tomar en cuenta que la unanimidad en este tipo de tópicos es prácticamente imposible e iniciar con condiciones inamovibles puede ser un error. A pesar de lo anterior, la discusión debe llevarse a cabo en términos razonables y aunque nada está escrito en piedra, el objetivo de contribuir al desarrollo del país no debe perderse de vista por ningún motivo.

– La única fórmula viable es la que está estrictamente diseñada para El Salvador: la parte técnica del pacto debe ser diseñada tomando en cuenta la realidad del país únicamente.

– Tomar como referencia (y como nada más) la experiencia de otros países es de carácter muy valioso pero un ejercicio de adecuación es vital para el éxito de esta herramienta.

– La brevedad del debate es clave: Entre más tiempo tarde la discusión entre las partes, esta puede perder validez. Esto no quiere decir que deben tomarse a la ligera los temas a discutir, pero si se hace con una buena planificación (incluyendo divisiones del trabajo, agenda, reglas, etc.) el tiempo se usará de la manera más eficiente posible.

– La confianza entre los involucrados debe ser garantizada: Un pacto fiscal es un acuerdo y como cualquier acuerdo entre dos o varias partes, este está condicionado a la confianza que exista entre las mismas. Por lo anterior, la transparencia es el pilar de esta herramienta, sin esta no existe posibilidad de evaluación y los involucrados no tomarán en serio su rol activo (desestimando la importancia de financiar el gasto público que finalmente retornaría hacia ellos mismos en forma de programas estatales de diversa índole).

Tomando en cuenta estos componentes puede obtenerse el mayor provecho de una herramienta política que tiene por objetivo a que todos los actores sociales unifiquen esfuerzos para financiar y vigilar el gasto público necesario para el desarrollo de un país.

(*) Economista y Redactor de ContraPunto

Asesinato de Monseñor Romero: uno de los crimenes que le duele a El Salvador

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El domingo 23 de marzo monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez dio su última homilía, cuyo contenido habría sido el detonante para consumar su asesinato un día después.

En aquella histórica homilía Monseñor dijo: “Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que da un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice «No matar». Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión…”

Un día después, a las cinco de la tarde,  en la capilla  del hospital de La Divina Providencia, mientras oficiaba una misa, fue asesinado por un francotirador que le asestó un disparo en el corazón.

Desde entonces se han manejado diferentes teorías sobre su asesinato, siendo la oficial la que indica que fue asesinado por órdenes de la extrema derecha. Concretamente se señala al mayor retirado y fundador de ARENA, Roberto d’Aubuisson y al capitán Álvaro Saravia  como los autores intelectuales del magnicidio. También se implicó a Fernando Sagrera. Incluso el informe que elaboró la Comisión de la Verdad conformada después de los acuerdos de paz, avala esa teoría.

El informe indica: “El ex Mayor Roberto D’Aubuisson, el ex Capitán Álvaro Saravia y Fernando Sagrera estuvieron presentes el día 24 de marzo de 1980 en la residencia de Alejandro Cáceres en San Salvador. Llegó el Capitán Eduardo Ávila y avisó que el Arzobispo Romero oficiaría una misa ese mismo día. El Capitán Ávila opinó que ésta era una buena oportunidad para asesinar al Arzobispo. El ex Mayor D’Aubuisson ordenó que se hiciese y responsabilizó al ex Capitán Saravia del operativo. Al observar que se requería un francotirador, el Capitán Ávila afirmó que él se encargaría de contactarlo por medio de Mario Molina. Amado Garay fue comisionado para transportar al asesino hasta la Capilla.

El parqueo del Hotel Camino Real sirvió de punto de encuentro antes de dirigirse a la Capilla. En ese lugar el tirador barbudo, junto con el arma asesina ingresó a un Volkswagen rojo de cuatro puertas, que conducía Garay. Cuando menos dos fueron los vehículos que desde el Hotel Camino Real se dirigieron al lugar del crimen. El asesino disparó desde el vehículo, frente a la entrada principal de la Capilla, una sola bala que ultimó al Arzobispo Romero.

El ex Mayor D’Aubuisson ordenó la entrega de 1,000 colones a Walter Antonio “Musa” Álvarez quien, junto con el asesino de barba, recibió el pago correspondiente. Álvarez fue secuestrado en el mes de septiembre de 1981 y se le encontró muerto poco tiempo después” (relato en .

D’Aubuisson, que murió en 1992 producto de un cáncer, siempre rechazó su vinculación al hecho. En 2004, una corte de los Estados Unidos declaró civilmente responsable del crimen al capitán Saravia.

Según la teoría aceptada, la cual cuenta con el testimonio ofrecido por Amado Antonio Garay en 1987 y repetida en otras instancias posteriormente, fue él la persona que conducía el vehículo rojo en el cual se movilizaba el francotirador. Garay era el chofer particular de Saravia.

Luego de matar a Romero, se supone que Garay condujo el vehículo rojo junto al francotirador hacia donde se encontraba Saravia, quien le confirmó al francotirador que había escuchado en la radio sobre la muerte de Romero. Una de las hipótesis es que el francotirador era el odontólogo Héctor Regalado. Otra hipótesis habla de un argentino.

El argentino y la nueva historia

Sin embargo, años después dos organizaciones de derechos humanos salvadoreñas solicitan que Argentina investigue sobre un personaje que aparece en un cable de la CIA como autor del asesinato del arzobispo, ocurrido en 1980.
El pasado 7 de marzo el periódico  Página/12 de Argentina  publicó un reportaje en el que se dan pistas sobre un presunto militar del llamado Batallón 601, con nombre o apodo Emilio Antonio Mendoza, quien habría sido el francotirador que el 24 de marzo de 1980 disparó una certera bala explosiva que acabó con la vida de Romero mientras oficiaba una misa en San Salvador.

La publicación argentina menciona: “Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

“Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12,000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

“El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto”.

Sin embargo en El Salvador la hipótesis pierde cierto peso.

“No tenemos información sobre ello, pero este caso tiene que ver con documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Ya habíamos escuchado tal versión por otras fuentes, pero no tenemos certeza”, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuéllar.
“Sin embargo, es una oportunidad para investigar. El actual canciller argentino  Jorge Taiana, que fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)s señaló que  actual gobierno argentino tiene grandes compromisos en los derechos humanos y creo que el Estado salvadoreño, a través de Cancillería, solicitará una investigación al respecto”, agregó Cuéllar en su momento.
Por su parte, el director de Tutela Legal del Arzobispado, Ovidio Mauricio González, coincidió con Cuéllar en que se debe solicitar investigar el caso, pero “ello parte de que se suprima la ley de amnistía y se levante una investigación amplia, tal como lo ha demandado la CIDH, en el caso de Romero”.
“En Tutela Legal del Arzobispado tenemos información y testimonios que no indican que un militar argentino haya disparado contra monseñor Romero. Los hechos apuntan al salvadoreño Héctor Regalado. Esa información incluso es la que tiene el Vaticano en el proceso de canonización que se sigue para nuestro obispo”, aseveró González.

Sin embargo, según un artículo de la agencia Worldpress, Regalado no fue identificado por Amado Garay en persona, sino a través de una foto de 1969 a la que se le agregó una barba con fotoshop, que se eligió por su similitud con el croquis realizado por artistas forenses a partir de la descripción de Garay.

Regalado negó haber sido el francotirador.La supuesta participación de Mendoza  generaría otra teoría conspirativa que eliminaría a Héctor Regalado como el autor material, pero mantiene a Saravia y a Roberto  D´Aubuisson como los autores intelectuales, aunque ahora se tendría que partir de otras bases para sustentar esa teoría.