How to Help the Japan Earthquake and Tsunami Victims

By Reader’s Digest Editors

© REUTERS/Ho New

On the Web:

Network For Good lets you choose your charity and donate through its website.

Google has launched a version of its Person Finder tool specifically for those who are trying to find or have information about earthquake survivors. You can access it here. For those in Japan who can’t register Google Person Finder, the company is encouraging those who are at a shelter or evacuation center to take photos of lists of people who are currently there and email them to tohoku.anpi.google@picasaweb.com with the shelter’s name in the subject line.

On Your Mobile Phone

This list from paidcontent.org hows how you can give $10 to various relief organizations by texting to the numbers below:

Text “JAPAN” or “TSUNAMI” to 20222 to donate $10 to Save the Children—90% of all expenditures at this non-profit goes to program services

Text “4JAPAN” or “4TSUNAMI” to 20222 to donate $10 to World Vision, Inc., a Christian relief, development and advocacy organization that works with children, families and communities in need.

Text “MERCY” to 25283 to donate $10 to Mercy Corps, which focuses on disaster response, sustainable economic development, and health services.

Text “SUPPORT” to 85944 to donate $10 to ADRA Relief, the Seventh Day Adventist charitable initiative whose emergency management initiatives provide aid to disaster survivors.

Text “MED” to 80888 to donate $10 to Assist International Medical Corps, a group dedicated to relieving the suffering of those impacted by war, natural disaster and disease

Text “JAPAN” to 80888 to donate $10 to the Salvation Army, which has three emergency service relief teams working in areas affected by the earthquake and tsunami

Text “REDCROSS” to 90999 to donate $10 the American Red Cross and help fund it’s team of 400 doctors, nurses and support staff on the ground in Japan.

On Facebook

The Red Cross also has a Facebook page where you can donate amounts up to $500. You can also give to this organization at the iTunes store.

According to mashable.com, if you “like” explore.org’s “Dog Bless You” Facebook page, the organization’s founder, will donate $1 up to $100,000 to fund search and rescue dogs in Japan.

On Twitter

Here are some relevant hash tags, also from mashable.com:
#Jishin focuses around general earthquake information
#Anpi helps confirm safety of individuals or places
#Hinan provides evacuation information
#311care has information on medical care for the victims
#PrayforJapan: A general hashtag for support and best wishes for victims of the crisis

Jodi Bieber gana el World Press Photo

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Otras…

World Press Photo 2011

FOTOS – JODI BIBIER – 11-02-2011

Aisha Bibi, una mujer de 18 años, de la provincia de Oruzgan, en Afganistán, huyó de la casa de su marido a la casa de su familia, quejándose del trato violento recibido. Los talibanes llegaron una noche, exigiendoque Bibi fuera ajusticiada. Poco después, un comandante talibán pronunció su veredicto, y mientras su cuñado la agarraba, el marido le cortó las orejas y la nariz. Aisha fue abandonada, pero más tarde fue rescatada por cooperantes y militares estadounidenses. Después de un tiempo en un refugio para mujeres en Kabul, fue llevada a Estados Unidos, donde fue tratada de sus heridas y sometida a cirugía reconstructiva. Aisha Bibi vive hoy en los EE UU (Artist Management/Goodman Gallery para TIME magazine).- JODI BIBIER

La periodista sudafricana Jodi Bieber se ha alzado con el World Press Photo 2011 por su fotografía de Aisha Bibi, una joven mujer afgana a la que le fueron amputadas las orejas y la nariz por no obedecer a su marido, que la mantenía en verdaderas condiciones de esclavitud. La fotografía también se ha alzado con el máximo reconocimiento en la categoría de retrato. La imgen fue portada de la revista TIME en agosto pasado.

Jodi Bieber no es una desconocida en la profesión. El máximo galardón otorgado hoy se le suman a otros ocho reconocimientos realizados por esta misma organización en el pasado.

«Esta fotografía podría convertirse en una de esas imágenes, y tal vez sólo recordemos diez en nuestra vida, en la que alguien nos dice ‘tú sabes, esa foto de una chica …’, y sabes exactamente de cuál estamos hablando», ha declarado el miembro del jurado David Burnett.

Si el galardón del año pasado – que fue a parar a la imagen de unas protestas nocturnas en las azoteas de Teherán – levantó espinas entre los que demandaban reconocimientos hacia un fotoperiodismo más clásico, el retrato de Aisha Bibi responde a una técnica y un formalismo más usual. Y ha sido una constante a lo largo de las distintas categorías.

Los World Press Photo reconocen el trabajo fotográfico en 12 categorías distintas. El trabajo de Fernando Moleres, publicado por EL PAÍS SEMANAL , ha sido reconocido con el segundo premio en la categoría de reportajes de la vida cotidiana. «Es un premio a la apuesta por el periodismo social comprometido», declara Moleres a EL PAÍS. «Durante cuarenta días estuve metido en esa prisión, con el objetivo de denunciar la situación en la que viven menores encerrados en una cárcel de Sierra Leona», asegura.

El español Gustavo Cuevas, de la agencia EFE, se ha alzado con el segundo puesto en la categoría de deporte, por su fotografía de la cornada de Julio Aparicio en Las Ventas, el 21 de mayo de 2010. Un retrato a un dinka man frente a su casa en Akkach, al sur de Sudán, tomado por el español Guillem Valle, ha sido reconocido con el tercer premio en la categoría de retratos. También destaca la fotografía tomada por el francés Olivier Laban-Mattei en la que se muestra como un hombre arroja un cadáver sobre una pila de cuerpos tras el terremoto de Haití.

Si el año pasado el jurado hizo mención especial al vídeo colgado en Youtube que mostraba a una mujer iraní muerta durante las protestas postelectorales, este año la mención ha ido a parar a la serie de 12 fotografías tomadas por los mineros atrapados en la mina de San José, a 700 metros bajo tierra.

La edición de este año se ha cerrado con un récord de participación, con 108.059 imágenes, tomadas por 5.847 fotógrafos de 125 nacionalidades distintas.

Fotogalería de todos los premiados, en todas las categorías, en la página del World Press Photo

Encuesta Analítika Research & Marketing: Salvadoreños consideran sacrificable la democracia

En un país con un historia de dictadura militar y refundado en democracia apenas hace 19 años, casi la mitad de sus habitantes están dispuestos a respaldar que los militares depongan un gobierno democrático si eso contribuye a resolver sus problemas. Es uno de los hallazgos de la encuesta a nivel nacional de Analítika Research & Marketing.

Ricardo Vaquerano

elfaro.net / Publicado el 2 de Febrero de 2011

Solo una séptima parte de los salvadoreños valora la democracia como el sistema de gobierno preferible sobre cualquier otro, mientras que casi la mitad dicen que estarían dispuestos a apoyar un golpe militar si el país siguiera sin resolver sus problemas económicos y de seguridad pública.

Esos son dos de los hallazgos de una encuesta a nivel nacional realizada con el propósito de averiguar cuánto aprecian los salvadoreños su democracia en relación con las demandas de la población. La información, recogida por la empresa Analítika Research & Marketing entre el 8 y el 13 de noviembre pasados, por medio de mil 200 entrevistas válidas, tiene un margen de error de +-2.8 puntos.

La investigación, producto de una alianza entre Analítika, el programa Sin Su Permiso y El Faro, evidencia una amplia disposición de los salvadoreños de 15 años o más a considerar la posibilidad de respaldar gobiernos autoritarios si no ven resueltos sus problemas de seguridad pública y económicos. Incluso manifiestan estar dispuestos a dar su apoyo a que los militares sustituyan a un gobierno elegido democráticamente (ver gráfico Golpe militar).

La encuesta incluyó entre las personas consultadas a aquellas que votaron en la presidencial de 2009 –el 60% de los entrevistados dijo que fue a votar el 15 de marzo de 2009- y que por lo tanto ya vivieron la “transición” de un gobierno de derechas a uno de izquierdas. Y también inicluyó a aquellas que tendrán edad para votar en la presidencial de 2014.

Cuando a los entrevistados se les preguntó si estarían dispuestos a apoyar que los militares tomaran el poder en reemplazo de un gobierno democrático si persisten los problemas económicos y de seguridad pública, un 45.6% respondió afirmativamente. Dado el margen de error de +-2.8 puntos, la diferencia entre quienes respondieron sí y quienes respondieron negativamente (49%) no es significativa.

El Salvador es un país que sufre epidemia de homicidios prácticamente desde el fin de la guerra, y el problema, lejos de resolverse, se ha ido agudizando a lo largo de los años. En el área económica, el nivel de pobreza subió por lo menos unos 7 puntos durante el gobierno de Antonio Saca y ahora que está terminando la crisis económica mundial El Salvador es de las naciones que más lentamente se recuperan.

Los salvadoreños, a pesar de que apenas en 1994 pudieron acudir libremente a las urnas, 17 años después consideran un bien sacrificable el de la democracia. Cuando a los entrevistados se les mostró una tarjeta con tres opciones y se les pidió que eligieran la que refleja mejor lo que creen, ocho de cada 10 declararon que la democracia es prescindible. Entre estos están la gran mayoría (72.3%) que dijeron que no importa el tipo de gobierno si este contribuye a resolver los problemas de la gente, y los que admitieron que en algunas circunstancias puede ser preferible un gobierno autoritario (7.3%). Los partidarios insobornables de la democracia fueron nada más el 14.2%. (ver gráfico Democracia devaluada).

¿Y qué circunstancias podrían ser esas que llevarían a la gente a apoyar un gobierno autoritario? A esta interrogante dan respuesta otros de los hallazgos de la encuesta. La encuesta preguntó qué alternativa de gobierno estarían los entrevistados a considerar en busca de solución a sus problemas. De entre seis opciones de respuesta, una quinta parte escogió dos que muestran su disposición a considerar como alternativa gobiernos no democráticos. De este 20%, 11.1% dijeron que valorarían un gobierno militar y un 8.8% que considerarían un gobierno civil autoritario (ver gráfico Gobernantes autoritarios).

La misma pregunta permitió obtener indicios de qué puede haber detrás de estas muestras de insatisfacción con la democracia, porque un 14.2% respondió que no cree que los políticos le resuelvan los problemas.

A esa respuesta se puede enlazar una serie de hallazgos que ilustran por qué la democracia no es un bien muy preciado por los salvadoreños: aunque la gente parece considerar las elecciones como una herramienta útil en su vida, tampoco las ven como la gran esperanza.

Seis de cada 10 salvadoreños consideran que ir a las urnas es mucho o algo útil para resolver sus problemas. Dos más de cada 10 las consideran poco útiles y solo un 19% piensa que son completamente inútiles (ver gráfico Utilidad de las elecciones).

Las mujeres (61.1%) más que los hombres (58.7%) tienen la convicción de que las elecciones son mucho o algo útiles. También lo creen el 65.1% de los entrevistados con rango de edad entre 25 y 35 años, y más los habitantes urbanos (61.4%) que los rurales (57.3%). Entre los jóvenes de 15 a 24 años, dos de cada tres (61.5%) también creen que las elecciones son mucho o algo útiles.

Estas proporciones son muy similares a la de salvadoreños habilitados para votar que acudieron a las urnas en 2009. En la elección presidencial del 15 de marzo hubo un récord de 62% de asistencia, y un porcentaje ligeramente menor emitió el sufragio. También son similares al 60% de entrevistados que dijeron que acudieron a votar hace dos años.

En el campo ideológico, los más convencidos de que los comicios son útiles son los de izquierda (71.2%) y los menos convencidos los que se dicen de centro (56.3%).

Los más escépticos de todos, los que menos utilidad le ven a las elecciones son los entrevistados en el rango de edades entre 51 y 64 años (44.6%)

En cuanto a los que fueron a votar en la elección presidencial de 2009, cerca de la mitad expresaron que lo hicieron porque buscaban con eso generar una transformación (ver gráfico Esperanza en las elecciones).

Si hay ese entusiasmo, entonces, ¿por qué, solo un 14.2% de los entrevistados dijo que la democracia es el sistema preferible cualesquiera sean las circunstancias?

Analítika también preguntó  a los salvadoreños si les basta con ir a las urnas y una vasta mayoría respondió que les gustaría ser consultados en otras decisiones importantes para el país (75.9%), no solo sobre quiénes quieren que sean sus gobernantes (ver gráfico Deseo de ser consultados). Más o menos esa misma vasta mayoría (72.2%) dijo que los gobernantes no los toman en cuenta después de ser elegidos (ver gráfico Ignorados por los gobernantes).

Al menos desde hace una década, diversidad de encuestas muestran que la clase política -particularmente los partidos políticos y la Asamblea Legislativa-, están en el fondo de los ránkings de credibilidad y de generación de confianza entre la población. La gente suele creer que los políticos se dedican más a velar por sus propios intereses que por el bien de la población.

A los entrevistados se les consultó qué es lo que más lamentan de los políticos y se les mostró una tarjeta con una lista de cuatro posibles respuestas. La gran mayoría respondió que lo que más les duele es que incumplan sus promesas o que sean corruptos (ver gráfico Demagogia y corrupción).

El incumplimiento de promesas fue la opción más mencionada, aunque entre los que se dicen de izquierda la corrupción (40.3%) es un pecado más grave que incumplir promesas (33.7%). Por el contrario, entre los de derecha el incumplimiento de promesas (49.4%) pesa mucho más que la corrupción (27.4%).

 

 

 

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FICHA TÉCNICA:

Universo:	Salvadoreños residentes en zonas urbanas y rurales del país
Cantidad de entrevistas:	1,200
Error muestral:	+-2.8%
Nivel de confianza:	95%
Entrevistados:	hombres y mujeres de 15 años o más
Período de entrevistas:	8 al 13 de noviembre de 2010
Entrevistas zona urbana:	64.83%
Entrevistas zona rural:	35.17%
Entrevistados hombres:	46.17%
Entrevistadas mujeres:	53.83%
Edad de entrevistados:	15-24 años	28.58%
	25-35 años	24.58%
	36-50 años	24.67%
	65 o más	9.83%
Perfil de estudios:	Sin estudios	9.92%
	primaria	23.08%
	básica	22.33%
	bachillerato	30.25%
	universidad incompleta	7.33%
	universidad completa	7.08%
Ideología de entrevistados:	izquierda	29.4%
	centro	41.5%
	derecha	29.1%
Casa encuestadora:	Analítika Research & Marketing
Director casa encuestadora:	Mario López

 

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The tea party: movement or moment?

By Aaron Blake and Chris Cillizza

The tea party has certainly made its mark on the politics. But does it have a future?

It’s a question that political observers have been asking ever since the tea party came along — whether it’s here to stay or is simply a flash in the pan.

Senate Majority Leader Harry Reid (D-Nev.) weighed in on that very question this weekend. During an interview that aired Sunday on NBC’s «Meet the Press,» Reid suggested the tea party is a fleeting sensation.

«The tea party was born because of the economy,» Reid said. «The economy is probably the worst it’s ever been except for maybe the Great Depression. The tea party will disappear as soon as the economy gets better. And the economy’s getting better all the time.»

At least the first half of Reid’s statement isn’t in dispute. Political movements aren’t formed in a vacuum. The struggling economy, combined with a weakened Republican Party and the actions of a Democratic-led Congress, bore what is known today as the tea party.

Just because something is borne from a certain set of circumstance, though, doesn’t mean it disappears when those circumstances do. The two major political parties, in fact, are good examples of that — enduring even as the issues of the day have changed.

But the tea party isn’t a major political party, or even a political party at all. It doesn’t have to stick around for decades to be considered a historically relevant movement.

In fact, the longevity required for historical relevance is relatively short. The populist movement of the 1880s and 90s, McCarthyism in the 1940s and 50s and the anti-war movement of the 1960s and 70s all lasted for a decade (or so) but are still a major part of our collective political history.

The tea party probably needs to last about that long in order to be more than just a footnote in history.

A recovering economy could hasten its demise, but tea partiers will tell you that it’s about more than just the current economy — it’s about debt and government spending, and those are two things that are likely to take much longer to straighten out than the current economy.

The key for the tea party movement will be adjusting its focus accordingly and staying relevant and important to the political process. It is off to a very impactful start, but the jury is still out on the durability of the movement.

Meet the new RGA, same as the old RGA: Three top staffers at the Republican Governors Association are staying on at the committee for the 2012 election cycle.

Finance director Angela Meyers may be the most important retention as she led the fundraising effort that brought in $85 million for the RGA during the last election. Also staying put are MIke Adams, who serves as general counsel and deputy executive director, and communications director Mike Schrimpf.

Phil Cox, a former senior aide to Virginia Gov. Bob McDonnell (R), will serve as executive director of the RGA in the 2012 cycle, replacing Nick Ayers who spent two elections at the helm of the committee.

The RGA has yet to name a political director.

Honold moves on: Bob Honold, who served as incumbent retention director at the National Republican Congressional Committee during the 2010 cycle, is signing out with Revolution Media — a GOP media consulting operation.

Honold will also maintain his own general consulting gig, focused primarily on the Northeast and New York, a state where he spearheaded House GOP’s six-seat gain in 2010. «Bob played a big role in Republican victories in New York this cycle. He’s extremely talented,» said independent political handicapper Stu Rothenberg.

Honold has deep roots in campaign politics. He managed Rep. Rob Wittman‘s (R-Va.) successful special election campaign in 2007 and worked on the U.S. Senate race of New Jersey state Sen. Tom Kean Jr. (R) in 2006. Honold also has worked on Capitol Hill for Rep. Virginia Foxx (R-N.C.) and former Rep. Ginny Brown-Waite (R-Fla.).

Honold joins Matt Leonardo, Evan Kozlow and Mark Dion at Revolution Media. The firm claims Sen. Pat Toomey (Pa.) as well as Reps. Steve Southerland (Fla.) and Nan Hayworth (N.Y.) as its 2010 wins.

Fixbits

Rep. Chris Murphy (D-Conn.) says he may decide on a challenge to Sen. Joe Lieberman (I-Conn.) in the coming weeks.

Sen. Kay Bailey Hutchison‘s (R-Texas) approval rating remains below 50 percent, including at just 56 percent among Republicans, according to a new Blum and Weprin poll for the Dallas Morning News. She seems ripe for a primary challenge.

Gallup shows Mike Huckabee is the most popular potential 2012 GOP presidential candidate, while Sarah Palin is the most well-known.

Former Nevada state GOP Chairwoman Sue Lowden said Friday that she would not run for Senate in 2012 if Rep. Dean Heller (R-Nev.) were to run.

Mitt Romney is on a weeklong trip to the Middle east, during which time he is scheduled to meet with Afghan President Hamid Karzai, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and King Abdullah of Jordan.

Freshman Rep. Bill Johnson (R-Ohio) is moving to the middle of his district, which could be beneficial if he is drawn into the same district as neighboring Rep. Bob Gibbs (R-Ohio) before the 2012 election.

There will be no second season of TLC’s «Sarah Palin’s Alaska.»

Former New York Mayor Rudy Giuliani denies a report that he is readying another presidential campaign.

 

By Aaron Blake and Chris Cillizza  | January 10, 2011

La tercera Gran Depresión (Augurios para un nuevo año)

La crisis ha generado cambios estructurales en las relaciones internacionales y los modelos de crecimiento. Mientras Europa se desdibuja en el nuevo panorama, China empieza a practicar un neoimperialismo de corte planetario.

Un grupo de obreros chinos trabaja en la construcción de un edificio en Chengdu, en la provincia de Sichuan- CHINA PHOTOS / GETTY

Este tipo de acontecimientos marcan una inflexión en la historia de la humanidad, delimitan un cambio de paradigma. El mundo no es ya más el que era después de que se producen, pero no como consecuencia de los destrozos o alteraciones que provocan, sino porque el mismo mundo ya había cambiado antes, aunque los gobernantes y las opiniones públicas no se hubieran percatado de ello. Las crisis sistémicas constituyen el efecto y no la causa de dichos cambios. El pánico de 1873, que coincidió con el estallido de una burbuja inmobiliaria en Austria, corazón del imperio centroeuropeo, marcó también el comienzo del declive del británico y el inicio de la hegemonía americana. Hubo un deslizamiento de poder hacia el otro lado del Atlántico. De la Depresión de 1929 se derivó el auge de los fascismos europeos, que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Hoy el poder económico, y enseguida comprobaremos que el político también, se desplaza hacia los países asiáticos, en los que el capitalismo convive con formas de vida y organización social muy alejadas de los parámetros occidentales y de la democracia representativa.

Es famosa la frase de Galbraith según la cual «la única función de las previsiones económicas es hacer que la astrología sea respetable». Aun reconociendo las dificultades que economistas y políticos tienen en un entorno como este, el escepticismo de las gentes y la poca confianza de los agentes económicos a la hora de contemplar el futuro inmediato tiene mucho que ver con la perplejidad inicial de los expertos ante lo que sucedía y las declaraciones populistas, cuando no demagógicas, de muchos gobernantes, empeñados en que, puesto que el sistema financiero se basa en la confianza y la confianza es precisamente lo que falla, una apariencia de optimismo bastará para devolverla. Pero por mucho optimismo que se le ponga, los acuerdos de Bretton Woods perdieron hace mucho su capacidad para hacer frente a los desajustes de nuestro tiempo. Tampoco el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio responden hoy adecuadamente a las necesidades de una regulación global, sin la cual el sistema mismo no podrá sobrevivir. La reforma de las instituciones internacionales y multilaterales es precisa y urgente, pero no se vislumbra que nada parecido vaya a suceder en el corto plazo.

La idea de que los fallos o defectos del mercado hay que corregirlos mediante la intervención de las autoridades públicas se remonta por lo menos a los trabajos de John Stuart Mill, que con Adam Smith y Ricardo integra la venerada trinidad de los fundadores del liberalismo económico y padres del capitalismo moderno. La suposición de que el mercado se autorregula por sí mismo, a partir de la cual se han derivado los males que hoy padecemos, constituyó el fundamento de las reaganomics y se encuentra en el corazón del pensamiento neoconservador americano que impregnó la gobernación del presidente George W. Bush y contagió el entusiasmo de los líderes de la derecha española, y de no pocos de la izquierda. En sus Principios de economía política, Stuart Mill habla de la necesidad de que el Estado intervenga cuando, y solo cuando, se producen defectos del mercado. Este es un principio muy querido para los gobernantes actuales de casi cualquier signo ideológico y ha sido incorporado desde Keynes a la mayoría de las escuelas económicas. El pánico de 2008 tuvo mucho que ver con los fallos de las instituciones públicas y de los organismos reguladores, es decir, con los fallos de la política, y no solo con los del mercado propiamente dicho. El proceso de desregulación impulsado por los neoliberales potenció los excesos de la economía financiera, alimentados por la creatividad de los inventores de inventos y multiplicados por el uso de las redes informáticas y telemáticas a través de todo el mundo. Pero gran parte de los activos financieros que fueron considerados tóxicos se crearon por los bancos en operaciones fuera de balance y, por tanto, fuera del mercado propiamente dicho. Difícilmente puede hablarse solo de un fallo del mercado allí donde el mercado mismo no existía, o se comportaba de una forma opaca y secreta.

Entonces, si no es solo el mercado, ¿quién tuvo la culpa? La respuesta es sencilla: los reguladores que no regularon; los controladores que no controlaron; los bancos que se implicaron en aventuras financieras de alto riesgo para sus clientes mientras ellos se garantizaban sus comisiones; los especuladores que no encontraron freno de ningún género y… los gobernantes. La eclosión de las hipotecas subprime en Estados Unidos se derivó en parte de las políticas de la autoridad federal, lo mismo que la burbuja inmobiliaria española es también consecuencia de las decisiones de cientos de ayuntamientos de financiarse a través de recalificaciones de suelo, embarcándonos, bajo la dirección y el amparo de los Gobiernos centrales y autónomos, en un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y la consiguiente destrucción de nuestras costas. Muchas comunidades autónomas y las Cajas de Ahorro dependientes de ellas acompañaron, cuando no impulsaron de manera directa, esas políticas. La inflación de activos inmobiliarios es responsable del endeudamiento de nuestras familias, pero también de la escasez de recursos con la que ahora cuentan los municipios para honrar sus compromisos de pago y mantener prestaciones sociales que no tienen cómo financiar. La caída del mercado inmobiliario, todavía no tan estruendosa como sería preciso, afecta ahora a la financiación de las haciendas municipales y a las políticas de abundancia irresponsable que muchas de ellas practicaron.

La economía no existe al margen de la política, y es algo que los ciudadanos de los países democráticos recuerdan tozudamente a sus gobernantes a la hora de las elecciones. Por eso los votantes se han alejado del proyecto europeo: lo han hecho solo después de que el proyecto europeo se haya alejado de ellos. El cambio de modelo económico al que asistimos está caracterizado por las deficiencias de los Estados-nación a la hora de controlar y regular una economía globalizada. Europa hace oídos sordos a los reiterados avisos de que, tras su debilitamiento institucional, constatable a raíz de la ampliación a 27, su capacidad de hacer frente a los problemas de un mundo globalizado no hace sino disminuir. Los Gobiernos europeos procuran inútilmente conjurar la crisis global con soluciones nacionales, mientras el poder internacional se desvanece y licua. A este paso, la Comisión será un órgano eficiente a la hora de determinar el diámetro conveniente de los espárragos en lata, pero la ausencia de una política económica y fiscal, la irrelevancia de su política de defensa y de seguridad, la inexistencia de su política exterior y la sobreabundancia del reinado de los burócratas están acabando con el proyecto que un día alumbraron los fundadores de la Europa Unida.

Muchos Gobiernos decidieron inyectar considerables cantidades de dinero en el sistema para hacer frente a la crisis de forma coyuntural, con lo que ya se sabía que el aumento de los déficits públicos sería imparable. Lo peculiar de la situación es que a corto plazo son precisas medidas que resultan contradictorias con las necesarias reformas estructurales. Ya sabíamos que un prolongado aumento de los déficits públicos acabaría pasando factura a los gobernantes, como sucede ahora en España. En nuestro caso, lo peor es que dicho déficit no ha sido motivado por medidas que contribuyeran a generar empleo o a paliar las carencias del sistema financiero, sino a establecer medidas de protección social imposibles de financiar durante un tiempo prolongado. Ahora descubrimos que, pese a tener los mejores bancos del mundo, como presuntuosamente se propagó a los cuatro vientos, el sistema financiero español está enfermo de gravedad en lo que concierne a las Cajas de Ahorro y que una intervención de algún tipo, un plan de rescate o como quiera llamarse, es más que probable, y quizá inminente. La consecuencia inmediata es que durante 2011 continuará la presión sobre el déficit público y seguiremos padeciendo una sequía considerable en el crédito a las empresas y a los particulares. En semejantes circunstancias las esperanzas de una recuperación en el mercado de empleo son ilusorias. Alemania y otros países europeos han logrado salir de la recesión, pero nuestra economía apenas se va a beneficiar de ello. El presidente del Gobierno declaró el mes pasado que todavía nos quedan cinco años para salir del túnel. Es el primer análisis realista sobre la economía española que se ha permitido hacer a lo largo de esta legislatura.

La reforma de las normas financieras y su vigilancia deben llevarse a cabo internacionalmente y es preciso establecer qué organismos reguladores, con qué facultades e instrumentos coactivos, pueden encargarse de ella. Aunque la idea de un regulador financiero global sea por el momento poco realista, la solución a la crisis pasa por una mayor coordinación de las políticas de regulación y supervisión financiera capaz de traspasar las fronteras. Es imposible mantener una moneda unificada con un solo Banco Central Europeo y desperdigar la supervisión, la inspección y la regulación entre un par de docenas de bancos centrales.

Tras los desastres generados como consecuencia de dejar la economía únicamente en manos del laissez-faire y abandonar la política a la sinrazón de la fuerza, invadiendo países para imponer a sangre y fuego no sé qué tipo de democracia, hay que reordenar el sistema económico en un entorno que recupere los valores clásicos de esta. No es verdad que los mercados tiendan al equilibrio por sí mismos; solo lo harán si están debidamente regulados y si hay una autoridad competente, legítima y reconocida, capaz de hacer cumplir las normas. Y en un mercado global, esa autoridad tiene que ser global también. De hecho, el vacío existente lo están llenando en cierta forma los poderes fácticos emergentes, como el Gobierno chino, comprando deuda de países en dificultades e implementando una política que conduce sutilmente al antiguo Imperio del Centro a practicar un neoimperialismo de corte planetario. Mientras un proceso tan complejo y controvertido se produce, Europa no acaba de aplicarse a sus deberes: ni promueve la convergencia en sus políticas económica y fiscal, ni aborda los problemas energéticos que la acucian, ni prepara soluciones futuras para sectores industriales heridos de muerte en su territorio, mientras renacen en su seno el nacionalismo, el populismo y la xenofobia. Pero, por más esfuerzos que hagan los patrioteros de todas las raleas, el papel de los Estados-nación seguirá siendo importante solo si aceptamos que tiene que ser limitado por el creciente rol de las instituciones internacionales.

Las dos grandes depresiones económicas que la historia moderna ha conocido anunciaron cambios estructurales en las relaciones internacionales y en los modelos de crecimiento. Las nuevas tecnologías y la sociedad de la información están transformando ya desde hace más de una década los modelos económicos. Esta Gran Depresión de 2008 (que en realidad comenzó ya el 2007) marcará la emergencia de China como futura próxima primera economía mundial y el establecimiento en Asia, y en países hasta ahora considerados periféricos o tercermundistas, de muchos centros de poder (económico, político y científico) que antes se ubicaban en nuestra vieja Europa. No pocos de los fundamentos de la democracia, un invento típicamente europeo, se van a ver trastocados en la nueva situación.

los Rostros del poder: Sonia Sotomayor

La primera persona hispana que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos es mujer. Nacida en el Bronx, su madre lo fió todo a la educación, y ella, con brillantez, escaló hasta Princeton, Yale y el más alto tribunal, en el que representa un nuevo perfil de juez, más próximo a la realidad del país.

Texto de Marc Bassets

Sonia Sotomayor, durante su juramento ante el comité judicial del Senado el 13 de julio del 2009,  en los trámites previos a su toma de posesión en el Tribunal Supremo en agosto

Sonia Sotomayor entró, la sala se puso en pie y estalló en una ovación.

Todos querían hacerse fotos junto a ella. Todos querían hablar –quizá sería la última oportunidad de hacerlo con calma– con la ex compañera, aquella muchacha latina de origen humilde que acababa de llegar más lejos que ninguno de sus condiscípulos: hasta el Tribunal Supremo.

El fin de semana del 17 de octubre del 2009, los antiguos alumnos de la Yale Law School, la elitista escuela de Derecho de una de las mejores universidades del mundo, se reunieron para rememorar viejos tiempos, preguntarse por las familias y organizar coloquios sobre cuestiones legales. Sonia Sotomayor, ahora Justice Sotomayor, juez en el más alto tribunal de Estados Unidos, cuyos nueve miembros en muchos casos son más poderosos que el presidente, atrajo toda la atención.

“Fue la estrella de la velada”, recuerda Robert Klonoff, condiscípulo suyo en Yale, amigo durante más de tres décadas, y ahora decano de la escuela de Derecho Lewis and Clark, en Portland, la capital de Oregón.

Klonoff conoce bien a Sonia Sotomayor. Todavía recuerda cómo llegó al mismo Yale que en octubre la agasajaba. Era 1977. Resultaba extraño ver a un hispano en una institución como aquella, un templo educativo de la costa este donde se formaban los patricios de la República, los que tenían conexiones, los retoños del establishment. “Yo mismo me sentía fuera de lugar”, asegura el profesor, que venía de una familia de clase media “sin abogados”.

Y si en Yale Klonoff se sentía “fuera de lugar”, imagínese cómo debería sentirse Sonia…, sugiere el amigo de Sotomayor. En Estados Unidos, donde el concepto de clase media es amplísimo, los Sotomayor no eran considerados siquiera de clase media.

En el bufete de abogados Pavia & Harcourt de Nueva York, donde trabajó.

Nacida en 1954 en una familia de inmigrantes puertorriqueños en el Bronx, uno de los barrios más duros de Nueva York, huérfana de padre a los nueve años, miembro de una minoría apenas presente en los centros de poder de la superpotencia, Sonia Sotomayor “tuvo que trabajar muy duro para llegar ahí”, dice Klonoff. “Sonia no llegó a Yale porque sus padres tuvieran el dinero.”
No. Sonia Sotomayor llegó a Yale –previo paso por Princeton, otra universidad de la Ivy League, los centros más selectos del país– con becas, y, como ella misma ha reconocido, gracias a los programas de discriminación positiva, que facilitaban el acceso de minorías a las instituciones educativas.

Sonia Sotomayor encarna no sólo el sueño de igualitarismo estadounidense y de la meritocracia y el esfuerzo, sino también el sueño latino, el de la minoría más pujante que, sin embargo, tiene una presencia escasa en las élites del país.

Sotomayor no sólo es la primera hispana en llegar al Tribunal Supremo (y la tercera mujer). También es la primera juez que creció en los projects, los barrios de viviendas de protección oficial característicos de las barriadas de Nueva York.

“A veces la más hermosa campanilla puede florecer en un lugar inesperado –una cerca metálica, con vidrios rotos alrededor, junto a un edificio abandonado– regada por alguien cuyo nombre a lo mejor se desconoce”, se lee en una hagiografía para niños titulada La juez que creció en el Bronx. La metáfora es cursi, pero refleja una realidad. Sotomayor sabe, desde niña, lo que es la vida de la calle. Sabe lo que significa sufrir para llegar a final de mes

La juez posa junto a su madre, Celina, en una imagen no fechada tomada en una celebración.

Así como otras familias del Bronx se refugiaban en la religión, y otras vivían de la ayuda del Estado, Celina, viuda de Juan Sotomayor, telefonista de profesión, lo fió todo a la educación (ni a Dios ni a papá Estado), como ha explicado la periodista Lauren Collins en la revista The New Yorker. Celina obligaba a sus hijos Juan (que es médico) y Sonia a sentarse cada noche en la cocina para hacer los deberes. Con esfuerzo y dedicación, la brillante Sotomayor, ya una fanática de la serie televisiva de abogados Perry Mason, estudió con notas sobresalientes en la escuela secundaria católica Cardenal Spellman, y de ahí pasó a Princeton.

En Princeton aquella muchacha cuya lengua materna era el castellano tuvo que esforzarse más que otros compañeros procedentes de mejores escuelas y de familias anglófonas para escribir un inglés correcto, pero acabó licenciándose summa cum laude. Comprometida con asociaciones estudiantiles puertorriqueñas, saltó a Yale, donde se especializó en Derecho.

Foto de familia de los nueve jueces del Supremo tras su incorporación

Después, hizo una carrera fulgurante, desde la fiscalía del distrito de Manhattan, pasando por un bufete privado y finalmente en el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Divorciada tras un breve matrimonio juvenil y sin hijos, absorbida por el trabajo, apenas disfrutó de una vida privada: los compañeros de trabajo eran su familia inmediata. El compromiso con la causa latina, en todo caso, nunca lo abandonaría. Y le ha costado disgustos.

Una frase que pronunció en el 2001 en una conferencia ante estudiantes y jóvenes juristas latinos se convirtió en el argumento principal de los republicanos contra su nominación.
En Estados Unidos, el presidente nombra a los jueces del Tribunal Supremo, pero debe confirmarlos el Senado. Sotomayor salvó sin problemas los interrogatorios previos y la votación en el Senado, y juró el cargo el 8 de agosto del 2009. Pero, si algo le dio quebraderos de cabeza, fue la frase en cuestión: “Me gustaría que una latina sabia, con la riqueza de sus experiencias, llegase a conclusiones mejores que un hombre blanco que no hubiese vivido esta vida”. Por esta frase la llamaron racista, y es probable que ese día la propensión a la hipérbole que se le atribuye le jugase una mala pasada.

Es verdad que se trata sólo de una frase, pero revela un concepto de la justicia determinado, que coincide con el de Barack Obama. El presidente habló, al nombrar a Sotomayor, de la empatía como una virtud de los jueces. La empatía significa entender, más allá de la letra de la ley, el dolor de la víctima, la biografía del criminal: el contexto. Empatía es lo que en Estados Unidos llaman una palabra-código, en este caso para designar una tendencia progresista, y una sensibilidad particular con las minorías.

“Ella tiene la experiencia de ser discriminada, de ser estereotipada”, comenta su amigo Klonoff. Y, podría añadirse, es imposible eludir esta experiencia a la hora de juzgar en el Tribunal Supremo. En la primera sentencia que Sotomayor redactó en el Alto Tribunal, utilizó, por primera vez en la historia de esta instancia judicial, la expresión “inmigrantes indocumentados”, en vez del adjetivo usual –y considerado denigratorio para los inmigrantes– “ilegales”.

La juez, entre el presidente Obama y el vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca, el día que se anunció su elección, en mayo del 2009

En la primera sentencia que Sotomayor redactó, usó el adjetivo inmigrantes “indocumentados”, en vez del denigratorio “ilegales

En una institución donde los jueces son nombrados de por vida, y suelen vivir aislados de la América real, Sonia Sotomayor representa un anclaje en la realidad de este país cada vez más diverso, donde el presidente es hijo de un keniano y donde casi la mitad de los niños que nacen pertenecen a minorías no anglosajonas ni blancas.

El propio Antonin Scalia, la voz más prominente del sector conservador de este tribunal, reconocía el contraste en una conversación reciente con un grupo de periodistas. Scalia, ideológicamente opuesto a Sotomayor, recalcaba el contraste entre la juez y su antecesor, el jubilado David Souter, un hombre que apenas tenía vida social, se retiraba en cuanto podía a su casa en el campo e incluso carecía de televisor. Y recordaba la fiesta con la que los jueces celebraron la llegada de Sonia Sotomayor, con “comida picante” y un ambiente que denotaba que a partir de ahora las cosas serían distintas. “Nos llevamos muy bien”, asegura Scalia, que insiste en negar la imagen pública del Tribunal Supremo como “un nido de escorpiones” en el que los progresistas y conservadores viven en un estado de confrontación permanente.

No dan muestras de estar enfrentados los jueces cuando suben al estrado de la sala de audiencias del Tribunal Supremo, el imponente edificio de la colina del Capitolio de Washington, detrás de la sede del Congreso. Pero para quien asiste a una sesión –cerrada a las cámaras de televisión– queda claro que forman un grupo heterogéneo. El único juez negro, y uno de los más conservadores, Clarence Thomas, se recuesta en el sillón flexible y mantiene la boca cerrada, una costumbre habitual en él. Scalia interviene con frecuencia, e interpela a los abogados de la defensa y la acusación.

El ritmo endiablado del debate, las preguntas incisivas de los jueces que intervienen, los argumentos políticos, las interrupciones, hacen que el Supremo se asemeje más a un parlamento que a la idea que los ciudadanos tienen de un Alto Tribunal, de la última instancia jurídica en el país que en las últimas décadas ha decidido desde acabar con la segregación racial hasta las elecciones presidenciales que otorgaron la victoria a George W. Bush. La sala está llena.

Sonia Sotomayor rompe el tópico del juez novato y tímido que, en sus primeros años en el tribunal, raramente hace preguntas. La juez, que ha llegado con un termo en la mano –¿té? ¿café?– interviene varias veces durante la audiencia de una hora. El síndrome de la novata no la ha afectado. En estos momentos, nadie se acuerda de que lleva poco tiempo en el puesto, ni de que es latina, ni de que nació en el Bronx. Es una más.

Demanda del Gobierno de EE UU contra la ley de Arizona

Obama lleva a los tribunales la ley de Arizona

Valiente y comprometido paso del presidente de EE UU frente el conflicto por la inmigración ilegal

Demanda del Gobierno de EE UU contra la ley de Arizona

El Departamento de Justicia tiene previsto ofrecer esta noche los detalles de la demanda presentada ante un tribunal federal del estado de Arizona por la supuesta inconstitucionalidad de la ley y por la usurpación por parte de las autoridades de ese territorio de una función que le corresponde al Gobierno federal. El fiscal general, Eric Holder, entiende que la Constitución deja exclusivamente en manos de la Administración central la gestión de asuntos la inmigración y la seguridad fronteriza que afectan al conjunto de los ciudadanos norteamericanos.

Los detalles legales y la defensa que Holder sea capaz de hacer de su causa serán muy importantes de cara a una pelea que puede ser dura, prolongarse durante mucho tiempo y provocar importante repercusiones políticas. Una derrota del Gobierno ante los tribunales, por ejemplo, además de debilitar gravemente a Obama, abriría la puerta a múltiples opciones legislativas sobre inmigración y podría crear un desorden jurídico inimaginable.

La ley de Arizona, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado en abril y firmada por su gobernadora, Jan Brewer, entrará en vigor el próximo día 29 si el Gobierno de Obama no consigue antes que los jueces lo impidan. Siguiendo ese ejemplo, otros estados afectados por la situación de la frontera con México han anunciado iniciativas legislativas similares.

En un importante discurso la semana pasada, Obama reconoció que el sistema migratorio en Estados Unidos estaba quebrado, pero advirtió que era responsabilidad de su gobierno repararlo y propuso a los dos partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule el problema a escala nacional.

Su decisión ahora de acudir a los tribunales supone un paso infrecuente y peligroso. Por un lado, la intromisión de la Administración federal en las decisiones de un estado, por razones históricas y prácticas, suele ser poco recomendable. En este caso, además, la decisión de Washington chocaría con lo que parece ser, según las encuestas, la opinión de una mayoría de los norteamericanos.

La ley de Arizona ha sido considerada por numerosos expertos y analistas como una auténtica aberración jurídica. Convierte en un delito la presencia en Arizona de inmigrantes sin documentos y permite a la policía confirmar el estatus legal de una persona a la que se detenga por cualquier otro delito menor, incluso la presunta trasgresión de una ordenanza municipal.

Es una ley, como dijo Obama la semana pasada, que crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento.

En definitiva, es una ley que perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que más inmigrantes aporta en los estados del sur del país. Los dirigentes de esa comunidad, por esa razón, llevan semanas desarrollando un movimiento de protesta de gran repercusión. Más de 15 ciudades, entre ellas las más pobladas, se ha sumado a un boicot contra Arizona, mientras que las más influyentes instituciones del país, desde la Iglesia Católica a los sindicatos o los medios de comunicación, han denunciado la arbitrariedad de esa legislación.

La opinión pública, sin embargo, parece entender la ley de Arizona, más que como un quebranto de los principios constitucionales, como un intento de poner orden en una situación que se escapa de las manos. Estados Unidos cuenta actualmente con unos once o doce millones de inmigrantes ilegales y, aunque el ritmo ha bajado durante la reciente crisis económica, este país sigue siendo un destino predilecto de trabajadores sin papeles, especialmente procedentes del sur de su frontera.

Esos inmigrantes son, al mismo tiempo, un pilar esencial de la economía de muchos estados y una fuente de conflictos sociales. Durante años, el Gobierno en Washington ha tratado infructuosamente de regular la situación. Una serie de intereses políticos locales impiden reunir en el Congreso la mayoría precisa para hacerlo.

Ahora, la población considera este problema como uno de los prioritarios y exige, tanto el control fronterizo como la ordenación de la situación actual. Una encuesta de Gallup muestra que un 50% cree más urgente impedir la llegada de nuevos inmigrantes ilegales, mientras que un 45% estima prioritaria la regularización de los que ya están aquí.

El asunto adquiere mayor actualidad en estos momentos, cuando los partidos se disponen a cortejar el voto hispano para las elecciones legislativas de noviembre.

Caza a los ilegales en Arizona

• El Estado del sur de EE UU adopta una ley que convierte la inmigración ilegal en delito

• La norma desata una auténtica oleada de cólera entre los hispanos

Una auténtica oleada de cólera se ha desatado entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la entrada en vigor en Arizona de una ley que, por primera vez en la historia de este país, permite a la policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de múltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendrá que ser debatida ante los tribunales de justicia y, probablemente, obligará a una acción de respuesta de Barack Obama.

La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está aquí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 dólares y, eventualmente, expulsado del país.

Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, la policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona en cuestión fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes sólo pueden probar la legalidad de su situación con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulación.

Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se concentraron ayer como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.

El presidente Obama ha manifestado que la iniciativa de Arizona constituye «una irresponsabilidad» sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. «Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos», dijo Obama, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca a la actuación de los estados. El Gobierno de México y la Iglesia católica han expresado también su preocupación por esta legislación, que el cardenal Roger Mahony de Los Ángeles ha comparado con el nazismo.

La gobernadora Brewer ha justificado la ley «por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras». La misma razón por la que le ha dado su apoyo el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.

La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.

Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.

No es casualidad que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff cruel llamado Joe Arpaio, que presume de mantener a raya a los inmigrantes con métodos vigorosos, como la constante intimidación de parte de sus policías a las familias mexicanas con intención de atemorizarlas y obligarlas a regresar. En el condado de Maricopa, a espaldas del país tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.

La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como esa y aumenta dramáticamente la presión sobre el Congreso para que se apruebe una dificilísima pero imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los últimos días la Casa Blanca se ha puesto en contacto con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes. El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, cuyo escaño puede ser decidido por los muchos hispanos de Nevada, ha prometido que habrá una ley de inmigración este año.

Duras críticas desde México

El Gobierno de México criticó duramente la ley de Arizona y anunció que se planteará la relación que mantiene con dicho Estado ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. «La ley (…) afecta a la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona», destacó la canciller, Patricia Espinosa, a través de una declaración oficial difundida por Efe.

Espinosa lamentó que los legisladores que han aprobado la ley no hayan tenido en cuenta la «valiosa e inmensa» contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y de EE UU. «La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada», añadió la canciller, quien aseguró que ante una ley que afecta a los derechos humanos de «miles de mexicanos», el Gobierno de Felipe Calderón «no puede permanecer indiferente». En este sentido, recordó que el Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo «diversas acciones y acercamientos a todos los niveles» para transmitir al Gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas «sin obtener una respuesta positiva de su parte». En la declaración se asegura que México utilizará «todos los recursos a su alcance» para defender los derechos y dignidad de los mexicanos afectados y se adelanta que la Embajada de México y los cinco consulados que tiene en ese Estado «redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica».

Los primeros en extinguirse por el cambio climático

Los saurios no pueden adaptar su temperatura corporal a la que hay en el exterior

La subida de las temperaturas está detrás del declive de los anfibios

Mira todas las fotos de la investigación

ARACELI ACOSTA |

MADRID

Es un hecho que en el planeta se está produciendo un declive a gran escala de muchas especies animales y vegetales. En muchos casos, el calentamiento global está detrás de esta situación, junto a otros factores, como la fragmentación del hábitat, la introducción de especies invasoras o la aparición de hongos patógenos, como está ocurriendo con los anfibios. En el caso de los lagartos y las lagartijas es el cambio climático por sí solo el vector que les conduce inexorablemente a la extinción, que ya se está produciendo, según un estudio que se publica en «Science» y en el que han participado 26 investigadores de doce países, entre ellos España.

«Las extinciones debidas al cambio climático ya están aquí, no son cosa del futuro», aseguró Barry Sinervo, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de California en Santa Cruz (Estados Unidos) y del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia.

La investigación, que presentaron ayer en Madrid el propio Sinervo, el investigador del CSIC Ignacio De la Riva y el profesor Jean Clobert (del CNRS), partió de un estudio sobre una especie de lagartija de Europa, la lagartija de turbera, que también se encuentra en el norte de España. Cuando después de un tiempo el equipo regresó a los lugares de observación en Francia, Sinervo descubrió que un 32% de las poblaciones había desaparecido. Al mismo tiempo, se observaron también extinciones en México en especies de lagartijas del género Sceloporus, pese a que su hábitat aparecía aparentemente intacto.

Adaptarse o morir

Como explica Ignacio de la Riva, del CSIC, los reptiles no pueden regular su temperatura corporal con independencia de la que hay en el exterior. Así, en los estudios que se hicieron en México — a partir de un modelo artificial de lagarto con microchips que midió la temperatura en diferentes condiciones durante cuatro meses— se vio que con el aumento de las temperaturas estos saurios tenían menos horas al día en las que podían salir de sus escondrijos para alimentarse o criar adecuadamente.

Ejemplar de «Phelsuma quadriocellata» /IGNACIO DE LA RIVA-CSIC

«Supimos entonces que las extinciones serían globales», señala Sinervo. Con esas variables fisiológicas relacionadas con la regulación térmica de los reptiles y con los diferentes escenarios globales de aumento de temperaturas manejados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), los investigadores elaboraron un modelo matemático de riesgo de extinción.

Y las conclusiones no son nada halagüeñas: el 6% de las especies de saurios del mundo se extinguirán en 2050 y un 20% lo habrán hecho en 2080. En total, unas 1.300 especies de las 5.100 especies de saurios conocidas. En la actualidad, los «puntos calientes» de extinción son Madagascar, Australia y Suramérica.

Los investigadores advierten que ya es muy difícil evitar la extinción de estas especies en 2050, por el efecto inercia del cambio climático, explica Barry Sinervo, pero sí se pueden tomar medidas para que no ocurra lo mismo en 2080.

Las especies más amenazadas van a ser las de montaña, sobre todo en zonas tropicales, porque, según explicó De la Riva, «tienden a cambiar su área de distribución altitudinalmente, es decir, si una especie vive en una zona fría y el clima es cada vez más caliente va a necesitar ir subiendo y en algunos casos se va a encontrar con que ya no tiene a donde ir». A esto se añade el hecho de que las especies de tierras bajas van a colonizar cada vez zonas más altas y van a ir desplazando a las de la montaña. Esto es, el cambio climático les pone en la senda de la extinción y «la competición de otras especies completa el trabajo», concluye Sinervo.

Phoenix perdería 90 millones por ley de Arizona

The Associated Press

PHOENIX — Phoenix podría perder 90 millones de dólares en reservaciones de hoteles y convenciones durante los próximos cinco años debido a la nueva ley de Arizona contra la inmigración ilegal, declaró un funcionario.

David Krietor, funcionario municipal, dijo que personal de la alcaldía y de las agencias de turismo están recabando información sobre negocios que podrían quedar afectados en caso de un boicot contra el estado debido a la polémica ley.

Cuatro organizaciones han cancelado eventos en Arizona y más de una decena de grupos han expresado inquietud por la nueva legislación, agregó.

La cifra de 90 millones de dólares es el estimado de lo que esos grupos gastarían en Phoenix. Algunos eventos estaban programados para este año pero otros estaban programados en los años subsiguientes incluso hasta el 2015.

Información del: The Arizona Republic, http://www.azcentral.com

Centroamérica en contra ley SB1070

Países manifiestan temor por efecto discriminatorio de la ley

Miles de manifestantes se han tirado a las calles de las diversas ciudades de Arizona para protestar por la ley que muchos catalogan de antiinmigrante. AP

BOGOTÁ, Colombia (EFE).— México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica reaccionaron al unísono contra la nueva ley aprobada en el estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

Guatemala, Honduras y El Salvador, además de México, los países de la región que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en EEUU, manifestaron sus temores por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos en ese país y la persecución que se puede desatar contra éstos.

México alertó ayer de que la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de sancionar la nueva legislación «representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto».»El Gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales», expresó manifestó la Oficina de la Presidencia mexicana.

Ayer, la Cancillería de este país dijo incluso que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes.Para el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Mario Canahuati, la normativa promulgada «pisotea» los derechos de los inmigrantes.

«Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente», dijo este ayer Canahuati, quien subrayó que «hay que ver de qué manera se baja ese impacto, que sin duda alguna va a perjudicar a una cantidad enorme de centroamericanos, particularmente hondureños».

Por su parte, el Ejecutivo guatemalteco expresó en un comunicado su «profunda preocupación por la ley recién aprobada y consideró que ésta «amenaza las nociones básicas de justicia».

«El Gobierno de Guatemala lamenta que esta normativa haya sido aprobada y coincide con el presidente estadounidense, Barack Obama, (que la calificó como «mal encaminada») en que este tipo de leyes amenazan las nociones básicas de justicia», según el documento oficial.

También el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, manifestó ayer su temor porque la ley desate «una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos».

oco antes de que Jan Brewer promulgara la ley, Martínez indicó que El Salvador expresaría su preocupación «en los espacios de diálogo» que mantiene con el Gobierno federal de Estados Unidos.

Su ministerio alertó en un comunicado que la ley «criminalizaría la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico».

Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país, y en ese estado viven más de 1.8 millones de hispanos (el 29% de su población), entre ellos unos 420,000 inmigrantes sin papeles.